Imponer 25% de impuesto más a productos mexicanos, sería “un tiro en el pie” para la economía estadounidense: Ebrard

Por: Valentín Alemán Santillán

Imponer un 25 por ciento más a la exportación de productos mexicanos, es un tiro en el pie para la economía estadounidense, que afectaría directamente a los consumidores y a las tres principales armadoras automotrices de Estados Unidos, donde se podrían perder hasta 400 mil empleos, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Al hacer un recorrido por la política arancelaria de Estados Unidos, el ex canciller mexicano recordó que desde 1971 a la fecha, el vecino del norte ha invertido cuatro veces más el porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) en importaciones de productos manufacturados en México.

Precisó que al margen de la guerra comercial que generó la imposición arancelaría de los años 30s, al reducir el comercio y provocar muchos problemas, el gravamen del 10 por ciento impuesto en 1971 por el presidente Richard Nixon, fue un arancel general para negociar modificaciones a las políticas cambiarias de sus socios comerciales, su objetivo, dijo, fue transaccional.

Ahora, los efectos serían mucho mayores, porque en 1971, no solo porque ahí era 10 por ciento y ahora se habla de 25 por ciento, sino porque en 1971 Estados Unidos solamente importaba 3.4 por ciento de su Producto Interno Bruto y hoy importa 12.7 por ciento, casi 13. O sea, cuatro veces más grande, explicó.

En la mañanera del pueblo, este miércoles en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard sostuvo que derivado de esta imposición arancelaria, los precios de los productos importados inmediatamente se incrementaron y se redujo el poder adquisitivo de los consumidores, lo cual no pudo soportar por mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos y sólo duró cuatro meses su aplicación.

Precisó que la amenaza del presidente electo, Donald Trump, no solamente afecta ahora al conglomerado industrial  y tecnológico que han construido México, Estados Unidos y Canadá al generar millones de empleos bien pagados, sino también a países y empresas de Europa, Japón, Corea del Sur, y otros aliados comerciales.

La empresas estadounidenses instaladas en México, serán las primeras en recibir el impacto de este incremento del 25 por ciento de impuesto a la exportación de sus productos fabricados en nuestro país, sobre todo las tres principales armadoras de autos, General Motors, Stellantis, Ford, señaló el secretario de Economía.

Hay que tomar en cuenta, dijo Marcelo Ebrard, que el 88 por ciento de las camionetas pick ups que se venden en Estados Unidos son fabricadas por estas tres marcas (General Motors, Ford, Stellantis) en México en diferentes proporciones.

Puntualizó que de cumplir el presidente electo Trump su amenaza, las armadoras pagarían el doble de impuesto sobre las utilidades en Estados Unidos lo cual resulta enorme al sumarle al 21 por ciento que actualmente pagan, el 25 por ciento del nuevo gravamen, que puede afectar a 400 mil empleos.

Nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos 3 mil dólares por unidad en los Estados Unidos. El impacto de esta medida es en contra del consumidor y las empresas, las tres más grandes de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos: es un tiro en el pie, afirmó.

Sobre la mesa, dijo Ebrad Casaubon, hay dos alternativas: nos podemos fragmentar y dividir con acusaciones y tarifas, podemos hacer eso si queremos, porque si nos ponen una tarifa, nosotros ponemos otra, y Canadá pone otra, pues va a ser una división de nunca acabar, o construimos juntos una región fuerte, competitiva y preparada para liderar el futuro y competir con otras regiones, advirtió.

Precisó que frente a este panorama, México planteará trabajar en unidad para crear una región más fuerte y no un conflicto y una división.

El comercio intrarregional entre México, Estados Unidos y Canadá, de enero a septiembre de este año, es de mil 776.5 billones de dólares. Más o menos para darnos una idea, es un tercio del Producto Interno Bruto mundial lo que genera nuestra región, detalló.

La estabilidad regional demanda cooperación en seguridad, migración, en gobernanza. La Prosperidad Compartida debe ser el objetivo en los tres países, lograr esto. Todo lo que vaya contra la Prosperidad Compartida no funciona; todo lo que sean impuestos innecesarios, encarecer productos, dificultar producción, va en contra de la Prosperidad Compartida que queremos, sostuvo.

Las tarifas arancelarias merman la competitividad global, nos fragmentan, dificultan la tarea de las industrias, hacen que se pierdan empleos, se pierde la competitividad y se afecta tanto Estados Unidos en primerísimo lugar, pero también a los demás, a México y a otros socios.

Entonces, ¿qué hacer? Pues optimizar las cadenas regionales de suministro, mantener costos bajos, garantizar que nuestros productos lideren los mercados globales; y trabajar en equipo, no dividirnos. Esto tiene muchas simpatías en México, en Estados Unidos y también en Canadá, y pensamos que es una ruta adecuada, inteligente para la circunstancia que está viviendo el mundo, concluyó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Deportación masiva: segundo tiro en el pie

Aunado a esto, la deportación masiva de migrantes indocumentados sería el segundo tiro en el pie que el presidente electo, Donald Trump, pretende dar a la economía estadounidense.

El estudio Deportación masiva: Costos devastadores para EU, su presupuesto y economía, de la American Inmigration Council, refiere que el costo fiscal y económico para los Estados Unidos si el gobierno deportara a una población de aproximadamente 11 millones de personas que carecen de estatus legal permanente y enfrentan la posibilidad de expulsión, sería de al menos $315 mil millones dólares, considerando que los estados de California, Texas y Florida, albergan a casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país (47.2%), donde 1 de cada 20 residentes sería deportado.

La deportación masiva generaría la pérdida de trabajadores en las industrias de los Estados Unidos, lo que reduciría el PIB estadounidense de entre un 4.2 a 6.8 por ciento, al tiempo de que los ingresos fiscales reportaría una reducción significativa para el gobierno de las barras y las estrellas.

Sólo en 2022, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron 46.8 mil millones de dólares en impuestos federales y 29.3 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales. Los inmigrantes indocumentados también contribuyeron con 22.6 mil millones de dólares al Seguro Social y 5.7 mil millones de dólares a Medicare, revela el estudio.

La American Inmigration Council, establece que las deportaciones masivas causarían choques laborales significativos en múltiples industrias clave de los Estados Unidos, con impactos especialmente agudos en la construcción, la agricultura y el sector hotelero.

Al estimar que casi el 14 por ciento de las personas empleadas en la industria de la construcción son indocumentadas: Eliminar esa mano de obra interrumpiría todas las formas de construcción en todo el país, desde hogares hasta negocios e infraestructura básica. A medida que las industrias sufren, cientos de miles de trabajadores nacidos en Estados Unidos podrían perder sus empleos.

Estos números, señala, ni siquiera se acercan a capturar el costo humano de la deportación masiva. Alrededor de 5.1 millones de niños ciudadanos de los Estados Unidos viven con un miembro de la familia indocumentado. La separación de los miembros de la familia conduciría a un tremendo estrés emocional y también podría causar dificultades económicas para muchas de estas familias de estatus mixto que podrían perder su sostén de la familia, poniendo en peligro su bienestar económico y social.

Realizar más de 13 millones de arrestos en un corto periodo requeriría entre 220 mil y 409 mil nuevos empleados, además de que varios sectores claves de la economía sufrirían un impacto significativo, ya que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados. La construcción y la agricultura, perderían al menos a uno de ocho trabajadores; en la industria de los hospitales y sanitaria, aproximadamente uno de cada 14 trabajadores sería deportado.

(Fotos Presidencia)