Gobierno de México alista modificaciones legales para evitar que jueces liberen cuentas bancarias vinculadas a actividades delictivas

Por: Valentín Alemán Santillán

Al margen de que el próximo 1 de junio se renueve el Poder Judicial mediante la elección ciudadana por primera vez, el Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) liberen sin un juicio de fondo cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas como lavado de dinero; corrupción o delincuencia organizada que hayan sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En la mañanera del pueblo de este martes 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta.

¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio. Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción, afirmó.

Por ello, resaltó la importancia de que se reformen ciertas leyes para que solo se liberen cuentas de la LPB cuando haya una mala interpretación de la UIF, y no con suspensiones que son utilizadas para liberar los recursos.

Ya hay una modificación a una ley en el Senado, pero estamos preparando, además de lo que va a ocurrir el 1 de junio, modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir.  Porque en todo caso tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera, no una primera suspensión para liberar los recursos, aseguró.

Sheinbaum Pardo, destacó que la prioridad de estas modificaciones, así como de la reforma al Poder Judicial, es garantizar la cero impunidad en todo tipo de delitos federales como lo es la corrupción y la delincuencia organizada.

Con las nuevas reformas que se van a enviar vinculadas con la reforma al Poder Judicial, pues es indispensable que no haya impunidad, nosotros no vamos a proteger a nadie cuando haya un delito y es lo que le pedimos a la Fiscalía, se tiene que actuar siempre, ni tampoco vamos a perseguir a nadie por razones políticas, no, la Fiscalía hace su trabajo y tiene que dar  resultados en delitos relacionados con corrupción, delitos de delincuencia organizada u otros delitos federales. Cuando hablamos de cero impunidad es cero impunidad para cualquier delito, advirtió.

Jueces desbloquean más de 23 mil mdp

En este contexto, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, precisó en su momento que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita para evitar que continúen siendo integrados a la economía nacional.

Detalló que del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incluyeron en total 7 mil 815 sujetos: 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales en la LPB; se han desincorporado a 910 personas físicas y 360 morales. Actualmente se encuentran en la Lista de Personas Bloqueadas, en total 6 mil 545 sujetos: 4 mil 994 personas físicas y mil 551 personas morales.

Resaltó que derivado de la incorporación de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos (mdp); 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. De los 32 mil 500 mdp; 23 mil 575 millones 925 mil 786 han sido desbloqueadas por resolución judicial; 82 millones 470 mil por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y poco más de 5 mil mdp por resolución de la UIF.

Gómez Álvarez, informó que en el Senado de la República ya está en discusiones la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), y una parte del Código Penal para que el Gobierno de México tenga la capacidad de representar al sistema financiero como ofendido en los juicios relacionados con actividades delictivas.

Además, comentó que ya se analiza la posibilidad de modificar la Ley de Amparo para evitar que sea un instrumento para afectar la funcionalidad de la LPB.

La Presidenta ha comentado, ha discutido y ya está analizando la posibilidad de presentar alguna iniciativa para detener las suspensiones, porque ya se convirtieron en el instrumento para acabar con la lista de personas bloqueadas, su efectividad y, por lo tanto, la prevención, que ese es el instrumento básico, de lavado de dinero, adelantó.

Pablo Gómez, aseguró que actualmente los jueces otorgan suspensiones previas al juicio de amparo, y ahora ya están ordenando a la UIF que desincorpore de la Lista a personas con la pura suspensión provisional, ni siquiera con la definitiva. Porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales, en la segunda sala y resolvieron que la materia del amparo puede ser eliminada de un juicio de amparo, con tal de beneficiar a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente. 

Sostuvo que este actuar de los jueces no puede ser producto más que de estructuras de corrupción, porque nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo. Una cosa es el error judicial o la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces y otra que todos los jueces caminan o la inmensa mayoría de ellos, caminan por el mismo sendero.

El Poder Judicial, afirmó, se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del Sistema de Inteligencia Financiera de México, y eso no es justo.

UIF busca extradición de Inés Gómez Mont

Respecto al caso de la ex conductora de TV Azteca, Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga, presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero desde 2021, por un monto que supera los 2 mil 900 millones de pesos a través de empresas fantasma y otros mecanismos financieros, el titular de la UIF señaló que la orden del Poder Judicial de eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas.

Resaltó que esta decisión se debió a que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023 emitida por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que otorgó amparo para que se les eliminara de la Lista de Personas Bloqueadas.

En consecuencia, dijo, el 4 de marzo de este año, en acatamiento a lo ordenado por la jueza de distrito, la UIF giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros, por lo que el 10 de marzo siguiente, el juzgado tuvo por cumplida la sentencia de amparo.

Gómez Álvarez, reiteró que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato que recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita continúen siendo integrados a la economía nacional.

Aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, no realiza los bloqueos sino las instituciones financieras por disposición de la UIF al incorporar sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas.

Destacó que la pareja vive en Estados Unidos, y hasta este momento, han podido eludir la extradición a México para que enfrenten su responsabilidad ante los tribunales mexicanos.

El titular de la UIF, resaltó que sin juicio de fondo la pareja puede hacer operaciones libremente en el sistema financiero mexicano, así como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas y que son liberados por los jueces para que puedan usar de nuevo el sistema financiero, denunció.

Resaltó, entonces, la necesidad de crear reformas que permitan que el Sistema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y su persecución ante los tribunales como delito federal sea fortalecido.

(Fotos Presidencia)