Familia Weinberg acuerda con la UIF devolver 600 millones de dólares, producto de la trama de corrupción de Genaro García Luna
En un comunicado, este martes la Unidad de Inteligencia Financiera, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que la jueza Lisa Walsh, autorizó la continuación del diálogo entre las partes para mantener la búsqueda de un acuerdo más allá de la etapa obligatoria de mediación, inclusive durante el periodo que previamente había sido definido para la etapa de juicio, mismo que comprendió el lapso entre el 28 de abril y el 23 de mayo del presente año, en el entendido de que el acuerdo permitirá al Estado mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta

El acuerdo se hará mediante el ‘beneficio del criterio de oportunidad’, en el que se establece la colaboración de la familia Weinberg con las autoridades para esclarecer el esquema de corrupción implementado por García Luna como Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio espurio de Felipe Calderón Hinojosa
Redacción Círculo Rojo
En un nuevo intento de recuperar 600 millones de dólares obtenidos mediante contratos fraudulentos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la familia Weinberg, señalados como principales socios y prestanombres de Genaro García Luna, llegaron a un acuerdo reparatorio, sin afectar la sentencia en contra del ex secretario de Seguridad Pública, y su esposa, quienes deberán pagar 2 mil 500 millones de dólares al Gobierno de México.
El acuerdo, notificado ya a la Cortes del Undécimo Circuito Judicial de Miami Dade, Florida, se hará mediante el beneficio del criterio de oportunidad, en el que se establece la colaboración de la familia Weinberg con las autoridades para esclarecer el esquema de corrupción implementado por García Luna como Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio espurio de Felipe Calderón Hinojos.
En un comunicado, este martes la UIF, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la jueza Lisa Walsh, autorizó la continuación del diálogo entre las partes para mantener la búsqueda de un acuerdo más allá de la etapa obligatoria de mediación, inclusive durante el periodo que previamente había sido definido para la etapa de juicio, mismo que comprendió el lapso entre el 28 de abril y el 23 de mayo del presente año.
La Unidad de Inteligencia Financiera, precisó que aún y cuando las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta, el mismo no pudo suscribirse antes de la fecha límite señalada.
Frente a ello, las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal without prejudice), conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia.
La UIF, resaltó que conforme a la Regla 1.420(a)(1) del Código de Procedimientos Civiles de la Florida, México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento por medio de la presentación ante la Corte de una estipulación suscrita por las partes. Por lo regular, el efecto del retiro voluntario implica terminar el procedimiento sin una resolución judicial de fondo, pero en este caso las partes han solicitado a la Jueza que conserve jurisdicción para dictar una sentencia sólo si ésta surge del acuerdo que se haya alcanzado.
En caso contrario, de no perfeccionarse el acuerdo, se mantiene abierta la posibilidad de volver a presentar la demanda, ya que no se habrá resuelto el fondo del actual procedimiento, detalló la UIF al subrayar que el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio.
(Fotos X/Twitter)