Jueza reactiva orden de aprehensión contra Silvano Aureoles por incumplir garantías para no ser detenido

Redacción Círculo Rojo

Al no cumplir Silvano Aureoles Conejo con las garantías establecidas por las que el pasado 15 de mayo se le concedió la suspensión definitiva para no ser detenido por la Fiscalía General de la República, la jueza Noveno de Distrito en materia Penal en Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, ordenó dejar sin efecto el recurso judicial, por lo que la FGR podrá ejecutar en cualquier momento la orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Michoacán.

Se deja sin efectos suspensión definitiva. En otra orden, del estado procesal que guardan los autos del presente incidente de suspensión, se advierte que el quejoso (Silvano Aureoles Conejo) no cumplió con las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo de 2025, pues no exhibió la garantía económica establecida ni acreditó haber comparecido de manera personal ante la Juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal 118/2025, a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva que se le concedió, señala el resolutivo de la jueza.

El plazo establecido por la jueza para que el político del extinto PRD depositara la garantía de un millón de pesos y presentarse el 9 de mayo pasado ante una jueza de control con sede en el Reclusorio Oriente y conocer dichas  acusaciones, venció el viernes a las 12 de la noche.

Aureoles Conejo, es presuntamente responsable de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, por estar relacionado con el desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles en la entidad, durante su gestión de 2015 a 2021.

Sin embargo, en su resolutivo la jueza Vargas Alarcón, señala que mientras no se ejecute la aprehensión, Silvano Aureoles podrá cumplir con las garantías referidas y evitar su captura.     

Con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la interlocutoria de referencia. Comuníquese a las autoridades responsables que dejó de surtir efectos la suspensión definitiva, por lo que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute la orden de aprehensión reclamada, el quejoso podrá acreditar el cumplimiento dado a las obligaciones impuestas en la resolución interlocutoria, con lo cual, de inmediato volverá a surtir efectos la suspensión definitiva, refiere.

Al respecto, la Fiscalía General de la República informó el pasado 14 de mayo que el ex mandatario michoacano no se presentó en el Juzgado a la comparecencia personal programada para el 9 de mayo pasado, por lo que solicitó a la Jueza informara sobre lo ocurrido.

Cuatro días después, la Jueza informó que había dejado por comparecido a Silvano A, quien no se presentó a la audiencia, esgrimiendo un escrito no ratificado de dicho individuo. Y, alegando lo anterior, le dio una nueva audiencia, evidentemente parcial y dilatoria, para dentro de tres meses, violando el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales que señala que la misma debe celebrarse en un lapso de 15 días posteriores; independientemente de que no existe justificación legal frente a la no comparecencia de este individuo, a quien se le debió de ratificar la orden de aprehensión vigente, que las autoridades judiciales han suspendido ilegalmente, brindándole una protección que es notoriamente parcial e injusta, refirió.

Ante el comportamiento irregular de la impartidora de justicia, la FGR determinó actuar penalmente contra la jueza Vargas Alarcón.

En razón de lo anterior, se presentará de inmediato la denuncia penal correspondiente contra la Jueza, independientemente de la queja procesal que se iniciará a la brevedad, concluyó la Fiscalía General de la República en su comunicado del 14 de mayo.

En tanto, la jueza Patricia Sánchez Nava, del Reclusorio Oriente, giró un citatorio para que Silvano Aureoles comparezca el próximo 20 de agosto a la audiencia de imputación.

La jueza Sánchez Nava, ordenó el pasado 27 de febrero la aprehensión del ex gobernador de Michoacán, así como la de siete de sus ex colaboradores, por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, cometidos, presuntamente, durante su mandato de 2015 a 2021.

(Fotos X/Twitter)