ONU pide garantizar la justicia y brindar reparación del daño a víctimas de las protestas en Colombia
Un nuevo informe de derechos humanos reporta denuncias de 63 muertes, la mayoría a manos de las fuerzas públicas, ocurridas durante las semanas de movilizaciones masivas iniciadas en abril. “Las autoridades tendrían que reformar su forma de gestionar las protestas”, señala la dependencia
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno de Colombia a cambiar su manera de lidiar con las protestas de la población para evitar más muertes y lesiones de quienes ejercen su libertad de expresión, participación y asamblea.
En un informe divulgado este miércoles, la dependencia señala que entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año, recibió denuncias de 63 personas muertas durante las movilizaciones de protesta que comenzaron a finales de abril con el Paro Nacional. El 76% de las muertes se debieron a heridas de bala.
Hasta el momento la Oficina de la ONU ha verificado 46 de las muertes reportadas, 44 de las cuales eran civiles y dos eran policías.
Ante estos acontecimientos, el estudio destaca la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos sin discriminación, al igual que la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
El Estado colombiano no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones, dice el texto.
Las manifestaciones masivas, empezadas el 28 de abril, se extendieron por semanas en todo el país en un contexto de profundas desigualdades económicas y sociales agudizadas por la pandemia de Covid-19.
Abusos de las fuerzas públicas
La información recopilada y analizada por la Oficina encontró motivos razonables para aseverar que al menos 28 de las muertes fueron obra de agentes de la policía y que un mínimo de diez de ellas, serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional.
Diez personas habrían sido víctimas de actores no estatales y no se ha podido establecer quién habría matado a ocho manifestantes más por falta de datos.
Según el estudio, la Policía utilizó la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada para dispersar las manifestaciones pacíficas y los bloqueos.
Además, hubo individuos armados que atacaron a los manifestantes, a veces con armas de fuego, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad.
Todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes, apunta el documento.
Reparación y no repetición
Agrega que el Estado debe garantizar también el derecho de las víctimas a una reparación integral.
La Oficina explica que esta última debe contemplarse como una reparación individual y colectiva para honrar la memoria y la vida de las víctimas, garantizar la no repetición al reconocer lo sucedido y apoyar adecuadamente a las personas que fueron afectadas por las violaciones y la violencia ejercida en las protestas y que ahora buscan reconstruir sus vidas.
Asimismo, subraya que es imperativo que los agentes de las fuerzas de seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación a la hora de controlar las manifestaciones.
También recuerda que las armas de fuego, sólo deben usarse como último recurso ante una amenaza inminente a la vida o de lesiones graves.
Dispersar de forma indiscriminada una protesta con armas de fuego, es siempre ilegal y viola los estándares internacionales de derechos humanos, enfatiza.
A las muertes documentadas se suman reportes de 60 casos de violencia sexual presuntamente a manos de la policía. Hasta el momento, la ONU ha verificado 16.
El informe dedica un renglón aparte a la criminalización y estigmatización de los manifestantes, a menudo a través de los medios de comunicación, a quienes se relaciona con actos vandálicos o actos de terrorismo.
La Oficina también manifiesta preocupación por las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas que han documentado los acontecimientos.
Asimismo, el estudio da cuenta de actos de violencia por parte de algunos manifestantes y los condena, pero insiste en que la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas y resalta la disminución de las tensiones cuando hubo diálogo entre las autoridades y los participantes en las manifestaciones.
Recomendaciones
Para concluir, la Oficina recomienda a las autoridades colombianas tomar las medidas necesarias para garantizar que las instituciones encargadas de gestionar las protestas sólo recurran a la dispersión de manifestantes en estricto cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos.
De mismo modo, aboga por el emprendimiento de un amplio debate nacional sobre la reforma de la policía, incluyendo la posibilidad de transferir la policía del Ministerio de Defensa a una autoridad civil, y por mejorar los mecanismos internos de supervisión y rendición de cuentas.
El objetivo de dichas reformas debería ser garantizar el goce efectivo del derecho de reunión pacífica en Colombia, puntualiza la Oficina de la ONU.
