Dueño de Ficrea, deportado de Estados Unidos y preso por la FGR en Tamaulipas
Rafael Antonio Olvera Amezcua, acusado de fraude financiero en agravio de 6 mil 800 ahorradores, en su mayoría personas de la tercera edad, por más de 6 mil millones de pesos a través de la Sociedad Financiera Popular Ficrea. El 7 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunció que intervendría a la financiera por sospechas del delito de lavado de dinero. Con esta acción, quedaron congelados los ahorros de más de 6 mil 800 personas, la mayoría de la tercera edad, del entonces Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Coahuila, y Nuevo León
Muchas de las víctimas nunca recuperaron su dinero y exigieron que se procesara a Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien fue arrestado en Texas, Estados Unidos en 2019
Redacción Círculo Rojo
Autoridades del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, entregaron este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) a Rafael Antonio Olvera Amezcua, acusado de fraude financiero en agravio de 6 mil 800 ahorradores, en su mayoría personas de la tercera edad, por más de 6 mil millones de pesos a través de la Sociedad Financiera Popular Ficrea.
Una vez que elementos de la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, División de Operaciones en deportación (ICE-ERO), de la Unión Americana, entregaron a Olvera Amezcua, agentes de Investigación Criminal (AIC) de la FGR ejecutaron las órdenes de aprehensión por la probable comisión de los delitos federales de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Rafael Antonio Olvera Amezcua, fue entregado en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, y trasladado a la Ciudad de México para poner lo a disposición del juez federal que lo requiere.
El caso Ficrea salió a luz pública el 7 de noviembre de 2014, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunció que intervendría a la financiera por sospechas del delito de lavado de dinero. Con esta acción, quedaron congelados los ahorros de más de 6 mil personas, la mayoría del entonces Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Coahuila, y Nuevo León.
Por ley, la CNBV debía nombrar un interventor para tomar el control de Ficrea, para lo cual tenía legalmente un periodo de seis meses antes de decidir si la financiera volvió a operar, si se transformaba o fusionaba con algún banco, o si sería liquidada.
El 19 de diciembre de 2014, la CNBV anunció que retiraba a Ficrea la licencia para operar como Sociedad Financiera Popular, regida bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con lo que de forma automática se procedía a la liquidación de la misma.
Este hecho causó que más de 6 mil ahorradores estuvieran en riesgo de perder sus patrimonios. La CNBV acusó como causa de la revocación, un faltante de 2 mil 700 millones de pesos, producto de un fraude de parte del accionista principal, Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien desvió esos recursos para comprar vehículos de lujo, y edificios y departamentos para uso propio y de su familia.
Fue hasta el 6 de enero de 2015, que jueces mexicanos emitieron órdenes de aprehensión contra Olvera Amezcua, por lavado de dinero y delincuencia organizada. Las autoridades mexicanas reportaron que el acusado se encontraba fuera del país, por lo que la Policía Internacional (Interpol) emitió una alerta para buscarlo en 190 países.
Desde el momento de la intervención de la financiera, las autoridades mexicanas informaron que Olvera Amezcua realizó operaciones ilegales, como transferir recursos de Ficrea a empresas de su propiedad, en especial las conformadas por Grupo Trade: Leadman Trade S.A. de C.V., Baus & Jackman y Monka S.A. de C.V., esta última sólo existente en el papel, mientras que las dos primeras recibieron ilegalmente fondos de Ficrea.
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