Cártel Inmobiliario ignoró recomendaciones de la PAOT respecto a inmuebles ya construidos

“Descubrimos que en estos inmuebles el común denominador es la posible irregularidad con la que se autorizaron sus permisos, tanto para ser construidos como para ser habitados. Así lo hizo de conocimiento en su oportunidad la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, quien dirigió Recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las delegaciones respecto a inmuebles ya construidos”: FGJCDMX

Redacción Círculo Rojo

Ex funcionarios de la entonces delegación Benito Juárez, ignoraron las recomendaciones emitidas en 2014 y subsecuentes años, por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, respecto a inmuebles ya construidos que incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber edificado más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su Manifestación de Construcción.

Así lo manifestó este miércoles Ulises Lara López, coordinador general de Asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) al destacar que la indagatoria en contra del llamado Cártel Inmobiliario avanza gracias a las denuncias y a la información que han proporcionado gran cantidad de vecinas y vecinos afectados por las prácticas en las que probablemente incurrió este grupo de empresarios y ex servidores públicos.

Refirió que en la medida en que avanzan las indagatorias, ha surgido diversa información que puede dar pie a nuevas líneas de investigación. Tan es así, que se han descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, en manos, entonces, de los ex delegados panistas Jorge Romero y Christian Von Roerich.

Se ha detectado que entre estos actores establecieron distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local, actos que pueden dar pie al inicio de nuevas Carpetas de Investigación, remarcó.

Lara López, apuntó que las investigaciones se han integrado más inmuebles que guardan algún tipo de relación con los ex servidores públicos investigados, ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento.

Descubrimos que en estos inmuebles el común denominador es la posible irregularidad con la que se autorizaron sus permisos, tanto para ser construidos como para ser habitados. Así lo hizo de conocimiento en su oportunidad la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, quien dirigió Recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las delegaciones respecto a inmuebles ya construidos, explicó.

En su informe, agregó, la PAOT asentó que estos inmuebles incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber construido más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su Manifestación de Construcción.

Entre los resolutivos se recomendó al entonces Jefe Delegacional iniciar los procedimientos administrativos y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de los inmuebles investigados, así como iniciar las acciones administrativas y/o penales en contra del Director Responsable de Obra y/o servidores públicos involucrados, sin que esto hubiese ocurrido hasta el momento, comentó.

Por ejemplo, dijo, en la calle de José María Ibarragán, colonia San José Insurgentes, el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero hay construcciones que cuentan con cuatro niveles.

Lo mismo ocurre en la calle de San Francisco, colonia Actipan; se permite un máximo de cuatro niveles, pero cuenta con seis niveles de construcción.

Otro caso, recordó el vocero de la FGJCDMX es el de la calle Capuchinas, también en la San José Insurgentes, donde se le permite un máximo de tres niveles, pero hay edificaciones que cuentan con seis niveles de construcción.

Precisó que como ente de procuración de justicia, la postura de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es integrar a la investigación cualquier dato que aporte a robustecer las indagatorias, ya sea información que provenga de la ciudadanía, empresarios o representantes sociales.

Lara López, comentó que producto del aseguramiento de equipo de cómputo, hasta ahora se han efectuado cateos en 42 inmuebles, posiblemente relacionados a Luis Vizcaino Carmona, ex director jurídico y de gobierno, y a Nicias Aridjis Vázquez, ex director de Obras y Desarrollo Urbano en la demarcación Benito Juárez, hoy investigados.

(Fotos Twitter)