De eliminarse la Prisión Preventiva Oficiosa se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país: Segob

“Si se está al arbitrio de que en cada detención por delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces, y también incrementaría la peligrosidad, inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad”, señala el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja

“De cancelarse la Prisión Preventiva Oficiosa se abriría la puerta de la libertad a potenciales delincuentes, se vulneraría la Estrategia Nacional de Seguridad, pero sobre todo se estaría actuando en favor de la delincuencia”: AMLO

Redacción Círculo Rojo

Si los ministros de la Suprema Corte deciden acotar la Prisión Preventiva Oficiosa se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país, y eso no lo merecen los mexicanos, apuntó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al participar este jueves en la Tercera Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.

Precisó que las convenciones internacionales no pueden estar por encima de nuestra carta magna, como lo propone la ministra Norma Lucía Piña Hernández en su proyecto para acotar la Prisión Preventiva Oficiosa.

Adelantó que el próximo 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente respecto a la Guardia Nacional (GN) y en materia de seguridad pública, y rechazó que el país se vaya a militarizar, pues dijo el Ejército mexicano como el país, ha evolucionado y ya no es el de la oscura noche de Tlatelolco, no es de la Guerra Sucia, éste es un ejército profesional que respeta, sobre todo, los derechos humanos.

Corrupción y mercadeo

En este contexto, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, advirtió que esto puede dar lugar a corrupción y mercadeo de abogados y jueces.

Si se está al arbitrio de que en cada detención por delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces, y también incrementaría la peligrosidad, inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad, porque estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal, destacó.

Detalló que la Prisión Preventiva Oficiosa se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros o llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco.

La prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez; es decir, cuando se lograr la vinculación por un delito de estas características, como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al momento que se acredita la vinculación, en ese momento la prisión opera de manera automática, explicó.

Mejía Berdeja, apuntó que el combate a la impunidad no acaba con las detenciones y con los despliegues, se tiene que estar siempre pendiente de los procesos penales hasta que deriven en sentencias.

Por eso esta tan importante, como aquí lo hemos reiterado, y lo vuelvo a subrayar, mantener la Prisión Preventiva Oficiosa, porque siempre es una batalla permanente de todas estas fuerzas de seguridad, y sobre todo pensando en las víctimas, que después de que se hace este esfuerzo luego sean liberados, sostuvo. 

Al respecto, el presidente López Obrador reiteró que de cancelarse la Prisión Preventiva Oficiosa se abriría la puerta de la libertad a potenciales delincuentes, se vulneraría la Estrategia Nacional de Seguridad, pero sobre todo se estaría actuando en favor de la delincuencia.

Está mal integrada la averiguación previa, no lo detuvieron a las 10 de la mañana, sino a las 11, no son consistentes las pruebas, es lo que siempre se alega.

¿Qué le cuesta a un juez…? Que su función fundamental es impartir justicia, tratándose de una persona así, porque ni modo que no supiera a quién iba a juzga. ¿Qué le cuesta tardarse medio día y preguntar en los estados si no hay antecedentes?

Me pueden decir: ‘Eso no está en el procedimiento, eso no les corresponde’, pero aquí lo importante es el fin último, la justicia. No son los medios, es que se imparta justicia, lo otro es leguleyo, afirmó.

SCJN pospone debate

Más tarde, ante la polémica que ha causado la supuesta intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cancelar la Prisión Preventiva Oficiosa, el ministro presidente del máximo tribunal, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que será hasta el 5 de septiembre cuando se discutirá y analizará sobre la inconstitucionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa.

Informo a la opinión pública que por acuerdo de ese tribunal pleno relación los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre, señaló.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó que se enlistarían para su discusión en el Pleno dos proyectos de resolución elaborados por los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Luis María Aguilar Morales.

Se sabe que en ambos proyectos se propone declarar la inconstitucionalidad de la medida cautelar, por su uso desproporcionado, erigirse prácticamente en una sentencia adelantada y vulnerar la presunción de inocencia.

Dichas propuestas de sentencia derivan de dos acciones inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que mantienen a miles de personas inocentes sin sentencia en las distintas cárceles del país.

Para poder modificar o eliminar de la Constitución la prisión preventiva se requerirá la mayoría calificada del Pleno de la Corte, es decir, ocho votos a favor de la declaración de la inconstitucionalidad.

(Fotos lopezobrador.org.mx)