Giran orden de aprehensión contra tres presuntos responsables del derrumbe e inundación de mina Pinabete

Redacción Círculo Rojo

Por el derrumbe e inundación de la mina Pinabete, en cuyo interior se  encuentran atrapados 10 trabajadores desde el pasado 3 de agostos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha girado tres órdenes de aprehensión por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, respecto al uso, aprovechamiento y explotación de un bien de la Nación, sin la debida concesión, permiso, autorización o contrato oficial.

ARTÍCULO 149.- Se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación del
requerimiento administrativo que le sea formulado.

ARTÍCULO 150.- La pena señalada en el artículo anterior se impondrá a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente.

La FGR informó que dese el pasado 5 de agosto, inició el procedimiento de investigación por los hechos ocurridos en el pozo propiedad de la empresa Minera El Pinabete S.A de C.V.

Precisó que el 11 de agosto se solicitó audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal, en la ciudad de Torreón, Coahuila, en contra de Cristian Solís Arriaga, por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo que es un bien de la Nación, a través de la mina de carbón Pinabete, incumpliendo con las obligaciones que la ley le impone a quien realiza ese tipo de actividades.

Hechos que a juicio de la Fiscalía General de la República, constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8, 9 y 13.

Sin embargo, la organización Familia Pasta de Conchos señaló en días pasados que dicha persona es presta nombres, y que por ignorancia habría aceptado firmar como responsable de mina, aunque se sabe que Solís Arriaga registró a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, dando continuidad a las investigaciones, la FGR acreditó que otras dos personas incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del mineral en el pozo de carbón ubicado en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, donde permanecen atrapados 10 trabajadores.

Por tal motivo, la Fiscalía General de la República obtuvo del Juez las tres órdenes de aprehensión referidas, debido a que los probables responsables no acudieron a la cita judicial correspondiente.

Registros de la Secretaría de Economía (SE), refieren que el yacimiento de carbón ha sido propiedad de la empresa Minera Río Sabinas S.A. de C.V.,y en 2012 pasó a Minera El Pinabete S.A de C.V., propiedad hasta 2019 de los empresarios coahuilenses Héctor Omar Villareal González y Héctor Omar Villareal Beltrán, pero ellos la vendieron a Luis Rafael García-Luna Acuña, empresario de Tamaulipas, quien quedó como socio mayoritario y apoderado legal, y a Arnulfo Garza Cárdenas, de Coahuila.

Trabajadores atrapados en la mina Pinabete:

• Jorge Luis Martínez Valdez, 34 años
• Margarito Rodríguez Palomares. 54 años
• Mario Alberto Cabriales Uresti, 45 años
• Hugo Tijerina Amaya, 29 años
• Sergio Gabriel Cruz Gaitán, 41 años
• Ramiro Torres Rodríguez. 24 años
• José Rogelio Moreno Morales, 22 años
• José Rogelio Moreno Leija, 42 años
• José Luis Mireles Argüijo, 46 años
• Jaime Montelongo Pérez, 61 años

El pasado 25 de agosto en reunión con familiares de los mineros atrapados en el pozo Pinabete, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, les informó que el rescate de tardaría entre seis y once meses, y para lograrlo se analizan tres opciones, la primera es la  construcción de una tajo a cielo abierto, con obras de rampa de acceso inclinado, mediante una entrada a la mina desde la superficie para bajar por un túnel con una pendiente hasta las galerías y acompañada del bombeo.

La segunda incluye pantallas de control mediante barreras físicas entre las minas de Conchas Norte y Pinabete, y el bombeo del agua. En tanto que la tercera es una combinación de las dos anteriores.   

En la mañanera del 30 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó indemnizar lo más pronto posible a los familiares de los 10 trabajadores que continúan en la mina; dijo que el monto será superior a lo establecido.

Nosotros vamos a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional, sino más por la situación; no solo de agravio por perder a sus familiares, –que es muy triste–, sino por la pobreza que vive la gente, expresó.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina de ese día, Andrés Manuel sostuvo que es para nosotros prioritario el rescate de los cuerpos, por lo que se mantiene.

Seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado; seguimos extrayendo agua a los pozos, seguimos trabajando allá y ahora se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los técnicos para tener mejores resultados, apuntó.

Precisó que en cuanto finalice el rescate a los mineros, se procederá a la construcción de un memorial en la zona donde ocurrieron los hechos el 3 de agosto.

Al aclarar que Laura Velázquez Alzúa se mantiene al frente de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que las familias de los mineros autorizaron la construcción de un tajo a cielo abierto para poder llegar los cuerpos de los trabajadores, labor que se extenderá de seis a once meses, según los cálculos de los equipos de rescate.

Sin embargo, a pesar de que las familias llegaron al acuerdo con el Gobierno de México, los deudos comentaron que no firmaron el documento en primera instancia, ya que en la hoja que les dieron no tenía ningún sello, cantidad de indemnización ni fecha, motivo por el cual decidieron dejarla en blanco y denunciar ciertas irregularidades.

(Fotos CNPC)