UIF revela nombres y cantidades movidas por funcionarios ligados a la trama de corrupción de García Luna

Redacción Círculo Rojo   

Sonia Vargas Terrero, vinculada a la trama de corrupción de Genaro García Luna, y actualmente contratada como Directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por la ministra  presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, firmó contratos por 71 millones 600 mil dólares durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Así lo dio a conocer este lunes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez al informar que el Gobierno de México busca en los tribunales civiles de Florida, Estados Unidos, la restitución de unos 700 millones de dólares, producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero por colaboradores del García Luna.

En la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Gómez Álvarez reveló los nombres y cantidades que otros funcionarios corruptos del Cártel García Luna movieron a través de documentos ilícitos.

Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de Policía Federal Preventiva, 69 millones 100 mil dólares.

Facundo Rosas Rosas, comisionado general de Policía Federal, 25 millones 875 mil dólares.

Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal, 37 millones 875 mil.

Rafael Avilés, jefe de la división de Fuerzas Federales, dos millones 500 mil dólares.

Luis Cárdenas Palomino, titular de la división de Seguridad Regional, dos millones 500 mil dólares.

Roberto Cardozo, director general de Recursos Materiales, 12 millones de dólares.

Eduardo Enrique Gómez García, que era director del organismo de prisiones, con 56 millones 121 mil 595.

El titular de la UIF, precisó que cada una de estas cantidades son atribuibles a cada una de las personas que firmaron el contrato, aun y cuando hayan sido varias las que firmaron el contrato, porque cada quien es responsable de la misma cantidad; por lo tanto, no tenemos un total.

Resaltó que del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018, las personas que firmaron los contratos son:

Eduardo Imaz Gispert, del Cisen, por un monto de 253 millones 51 mil 358 dólares de los Estados Unidos, y 67 millones 200 mil pesos mexicanos.

Eduardo Guerrero Durán, del organismo de prisiones, y comisionado de Prevención y Readaptación Social por 88 millones de dólares.

José Alberto Rodríguez Calderón, como comisionado de Prevención y Readaptación Social, 26 millones 850 mil dólares, y 221 millones 400 mil pesos.

Octavio Medina Estrada, Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 26 millones 666 mil 666 pesos 60 centavos.

Raúl Mata Soria, como director general de Programación y Organización Presupuestal, 26 millones 666 mil 666, todos estos son el mismo contrato, por eso se repite la cantidad, aunque fueron cuatro quienes firmaron el mismo, precisó..

Ahora bien, todas estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, a un conglomerado, a un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livnat, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos, desde luego, los primeros.

Estos primeros son para sistemas de rastreo, localización, básicamente localización de redes celulares, un sistema que se llama Safe City, instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez. Y todos de la empresa Nunvav y otras empresas que son parte del mismo consorcio, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pablo Gómez, precisó que todas las personas mencionadas, forman parte de las denuncias presentadas o están dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, no son personas desconocidas para la FGR, están sujetas a una investigación; pero no solamente eso, sino que no se trate en este caso de cualquier ilícito o de cualquier conducta no licita como puede ser la que realiza cualquier servidor público en el desempeño de sus funciones, como actos indebidos que no le correspondían, sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México (en Florida).

Confió en que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano, creo que ya debió haber ocurrido eso, pero estamos insistiendo de parte del gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y a través de la Procuraduría Fiscal para que esto sea debidamente procesado. Y todas estas personas están por completo involucradas porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos y, por lo tanto, autorizaron las erogaciones, concluyó.

(Fotos lopezobrador.org.mx)