Presidenta de la Suprema Corte desecha queja administrativa contra jueza que beneficia a delincuentes en Aguascalientes: Bucio

Redacción Círculo Rojo

En día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la intención del Poder Judicial de asestar un Golpe de Estado Técnico, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio informó que el pasado 17 de mayo la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, desecharon una queja administrativa promovida en Aguascalientes contra una jueza.

Precisó que la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N, un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escoltas del ex gobernador Martín Orozco.

En este caso las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada de José Francisco N, advirtió el subsecretario al señalar que en este caso hubo otro detenido, Jaime N, quien se suicidó de manera dudosa en diciembre del 2019 en una celda del Cereso de Aguascalientes.

En este contexto, el presidente López Obrador informó de la contratación, por parte de la presidenta de la SCJN, ministra Piña Hernández, de María Fernanda Casanueva, otra cercana colaboradora de Genaro García Luna.

Esta señora, María Fernanda Casanueva, fue oficial mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 12 al 16, y en la Secretaría de Relaciones Exteriores 17 y 18, ambos periodos con Luis Videgaray Caso. Fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011, periodo en el que Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, denunció.

Y ahora, apuntó, en febrero de 2023 –hace poco– la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como secretaria ejecutiva de Administración para manejar el presupuesto de 70 mil millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); hecho que puede ser legal, pero no es moral, afirmó.

Al dar cuenta de los avances de la Estrategia de Seguridad Cero impunidad, el ex titular de la Guardia Nacional, exhibió a los jueces que favorecen a delincuentes, como a Héctor Luis El Güero Palma, fundador del Cártel de Sinaloa.

Cecilia Crokman Flores, encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero, decretó auto de libertad a Héctor Luis ‘El Güero’ Palma por prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas, ordenando su libertad en un plazo de tres horas; ‘el Güero’ Palma continua preso por otra causa penal, explicó.

Otro caso, citó Rodríguez Bucio, es el del juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, José de Jesús Rodríguez Hernández, quien ordenó la liberación de Guadalupe Israel N, alias El Choncho, y cómplices en Guanajuato, que fueron detenidos el 24 de mayo.

Y luego, el 26 de mayo este juez José de Jesús Rodríguez Hernández ordenó la liberación de los detenidos, a pesar de que fueron detenidos en flagrancia durante un cateo y en posesión de cocaína, marihuana, metanfetamina y cartuchos de arma de fuego exclusivos de las Fuerzas Armadas, comentó.

(Fotos lopezobrador.org.mx)