La Constitución y los jueces: el origen de la legitimidad

Por: Sebastián Godínez Rivera

En estos meses se ha suscitado un debate sobre la legitimidad de los poderes, principalmente el Legislativo y el Ejecutivo han cuestionado al Judicial, por sus decisiones que algunos pueden considerar contrarias al proyecto que encabeza el Presidente. No obstante, la realidad es que la Corte sólo está ejerciendo su papel de árbitro entre poderes y de revisión constitucional.

México es una república federal, representativa y popular, con un sistema presidencial que está dividido en tres poderes de la unión. Como sabemos los legisladores y el Presidente son electos mediante voto popular, su legitimidad surge de las elecciones periódicas cada 3 o 6 años. Su licitud proviene del número de votos que obtengan, ya que representan a un sector de la población, en este caso a una mayoría.

Sin embargo, que alcancen la presidencia o una curul no implica que ignoren el principio de mayoría y que justifiquen ciertos actos como la aprobación de reformas sin debate o en fastrack. Hablar del principio de mayoría hace referencia a que estos no pueden aplastar o ignorar a la minoría, pues también son expresión de la pluralidad del país.

El Presidente, senadores y diputados gozan de la legitimidad otorgada por los votos, que a su vez los dotan de una función específica de acuerdo con Alexander Hamilton, Jeremy Bentham o Montesquieu. El Ejecutivo dirige y es la representación de un país, mientras que la Cámara de Diputados y el Senado cumplen con la función de aprobar leyes, ser un contrapeso y específicamente la Cámara Baja decide el presupuesto de la nación.

En cambio, el Poder Judicial en el sistema político mexicano, no necesita de legitimidad popular para realizar sus funciones. Este ha sido el principal argumento del oficialismo, el cual cuenta con un sesgo ideológico, ya que consideran que votando a las y los jueces esto cambiaría. Se ignoran las consecuencias que podría traer la propuesta de eliminar los candados técnicos y de designación, para justificar que la participación ciudadana es un mejor indicador para elegir a los miembros de la Corte.

Se ignora que la legitimidad de la Suprema Corte, magistrados y jueces proviene de la misma Carta Magna, plasmados desde el artículo 94 al 107 constitucionales. El respaldo que legitima el actuar y las decisiones, proviene de las funciones otorgadas como garantizar el respeto a los Derechos Humanos, conciliar entre poderes y activar la revisión constitucional. Sería un error considerar que la elección por voto dotaría de respaldo las decisiones judiciales, pues mucho se ha escrito sobre esto y se ha concluido que las personas juzgadoras no necesitan de la aprobación popular, ya que cumplen una función técnica.

Incluso se puede aseverar que si la Corte es popular, y respaldada por la población, es un factor extra, pero no una regla para que esta funcione. Si bien, se pueden cuestionar varias cosas del Poder Judicial, la discusión no puede reducirse a una filia o fobia por las decisiones tomadas. El oficialismo ha explotado esta retórica y ha generado un clima hostil hacia las y los ministros, quienes son señalados de no garantizar justicia, sino el Derecho, por ende no representan más que algunos intereses, de acuerdo con el inquilino de Palacio Nacional.

En un escenario hipotético, donde la elección de ministros se hiciera a través del voto se deben tomar en cuenta tres factores:

1) los partidos son los únicos con la estructura para que las personas puedan realizar campañas y en su caso ser electas

2) los grupos de interés y poderes fácticos tendrían la capacidad de influir en ciertos perfiles para imponer los temas de su interés

 3) la independencia judicial se comprometería al llegar perfiles con tintes oficialistas u opositores.

Es pertinente replantear el método de designación, tal vez uno con un Comité Técnico Evaluador para hacer un balance de las personas aspirantes, como se hace con las consejerías del INE; o  que las ternas ya no sean propuestas por el Ejecutivo. Puede haber diversas ideas y métodos, pero estos deben garantizar que las y los mejores perfiles arriben a estos puestos.

Una reforma de esta envergadura para elegir mediante voto a los ministros, puede ser perjudicial para el sistema político. Asimismo, ignorar el contexto global que se vive donde la democracia se ve amenazada por líderes carismáticos y los contrapesos están siendo borrados. El debate sobre las funciones del Poder Judicial es tan antiguo como la Ciencia Política, y sobre todo en un país como México donde la Corte tiene casi 30 años de fungir como contrapeso a los otros poderes.

Sebastián Godínez Rivera

Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más.