Diputados aprueban de 20 a 53 años de cárcel a quien utilice drones para dañar a una persona o propiedad

Redacción Círculo Rojo   

A la sentencia de 15 a 40 años de prisión, que establece actualmente el Artículo 139 del Código Penal Federal, la Cámara de  Diputados aprobó aumentar un tercio de esta sanción a quien use aeronaves pilotadas a distancia (drones) para dañar a una persona o propiedad, por lo que el castigo será de 20 a 53 años de cárcel.

El documento, aprobado la tarde de este jueves con 419 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones en San Lázaro, deriva de una iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de agosto.

El dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para castigar el uso indebido de drones, impone prisión de diez a veinte años a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, e impacte a alguna persona o propiedad, con el propósito de causar daño.

Señala que cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad.

De igual modo, se aplicará pena de prisión de cinco a diez años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Asimismo, a quien utilice drones equipados con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o empleando medios electrónicos para vigilar actividades de personas servidoras públicas, con la finalidad de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra, se impondrá pena de tres a diez años de prisión, decomiso de los aparatos, equipo y objetos producto del delito, y multa de 50 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, indica que cuando el bien que resulte afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas, seguridad nacional o seguridad pública, la pena establecida se aumentará hasta en una mitad. 

Fortalecer la política contra el crimen 

Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Rosangela Amairany Peña Escalante, del Grupo Parlamentario de Morena, detalló que en los últimos años los grupos delincuenciales han convertido los drones en una herramienta frecuente para la comisión de conductas delictivas, desde el halconeo y el tráfico de drogas, hasta la realización de ataques con explosivos y sustancias químicas.

De acuerdo con los registros de las Fuerzas Armadas, refirió, en México se han realizado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, la mayoría de estos han ocurrido en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

Peña Escalante, relató que los ataques con drones equipado con explosivos y elementos químicos, no sólo han sido realizados en contra de instituciones de seguridad, sino también en contra de la población civil. Por ello, el problema que se intenta solucionar con el dictamen no es menor, afirmó.

La legisladora de Morena, aseguró que se está fortaleciendo la política contra el crimen en el país, al crear tipos penales que permitan la debida sanción, conductas delictivas que se cometen a través del uso y la manipulación de drones, y se actualiza la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para considerar como armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, todas aquellas aeronaves pilotadas a distancia y modificadas para transportar y detonar explosivos. 

Se podría criminalizar el ejercicio periodístico

En contraste, el diputado de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa Mijares, consideró que, si bien los drones se pueden ocupar con fines ilícitos, creemos que este dictamen no es la respuesta correcta, ya que hay varias normas que regulan la venta y adquisición de los drones, incluso preocupa que éstos se ocupen como exclusivos, pero para eso también ya hay una regulación.

Precisó que con la regulación que se hace en el tipo penal y las agravantes que se establecen, podría criminalizarse el trabajo de periodistas que mediante estos aparatos tomen fotografías o videos.

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