FGR y CoVAJ, condenan liberación de ocho militares acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa

La Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes el fin de semana desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada a los ocho integrantes de las Fuerzas Armadas, denuncia la Fiscalía General de la República

“Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados ‘sabadazos’, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”, acusa la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa

Redacción Círculo Rojo

La liberación de los ocho militares acusados de delitos graves en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, genera una evidente situación de injusticia que afecta no sólo a los desaparecidos, sino a sus familias, a su seguridad y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad.

Así lo manifestó la Fiscalía General de la República (FGR), al rechaza de manera tajante la determinación de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes el fin de semana desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada a los ocho integrantes de las Fuerzas Armadas.

Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, refiere la FGR en un comunicado.

Asimismo, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de medida cautelar para beneficiar a ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el caso Ayotzinapa.

Advirtió que a pesar de que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la Fiscalía General de la República (FGR) propuso el resguardo domiciliario de los inculpados en su domicilio, la jueza finalmente determinó imponer a los imputados las siguientes medidas cautelares:

  • Firma periódica cada quince días ante el juzgado del proceso.
  • Garantía económica de 50 mil pesos.
  • Prohibición de salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte en caso de contar con él.
  • Prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas.
  • Prohibición de acercarse al estado de Guerrero.
  • Además, requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.

La CoVAJ, reprochó que una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, señaló que, con esta determinación, no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente.

Asimismo, la CoVAJ se coordinará con la Ueilca para asegurar que se agoten todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad en este caso, que tanto ha lastimado a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México.

Estaremos atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos, señaló.

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