Democracia y criminalidad

Por: Sebastián Godínez Rivera

Recientemente el tema del crimen organizado y la posibilidad de que intervengan en las elecciones, es preocupante; sin embargo, las autoridades no han abordado de lleno el tópico. En el Consejo General del INE los partidos políticos criticaron a las y los consejeros sobre la falta de certeza y acciones para hacer frente a la ola de violencia que azota al país.

Mientras que en el Tribunal Electoral el tema solo ha sido abordado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. La realidad es que la violencia se ha normalizado y en víspera de las elecciones más grandes de la historia, el crimen organizado ha hecho sentir su presencia, se han asesinado cerca de 10 candidatos a lo largo y ancho del país. Los institutos exigen a las autoridades soluciones, cuando son ellos los primeros en resistirse a fiscalizar.

No obstante, el crimen organizado se ha vuelto un jugador más en el tablero político electoral desde que México transitó hacia la democracia, De acuerdo Sandra Ley y Guillermo Trejo en el libro Violencia, Votos y Elecciones,destacan que la ruptura con el régimen de partido hegemónico generó que los criminales se acercaran a otros institutos, dando como resultado la aparición de nuevos grupos. Aunado a que los gobiernos de la alternancia permitieron el incremento de la violencia.

Ahora bien, culpar a los gobiernos anteriores es inútil ya que si bien son responsables del incremento de la violencia, también existe una responsabilidad compartida entre ciudadanía e instituciones que normalizaron estos actos. Actualmente, se deben plantear soluciones para frenar esta ola de criminalidad que se traduce en un daño a la democracia que tiene como consecuencia la inhibición del voto. La democracia no solo es acechada por los líderes autoritarios que pretenden dinamitarla, sino también por los grupos de interés.

La única forma de hacer frente a la injerencia del crimen es endurecer las medidas de fiscalización para que el dinero de grupos externos no influya en el sustento de campañas o en la definición de candidaturas. La técnica sería dotar de mayores herramientas a los equipos de fiscalización que dan seguimiento a institutos y candidaturas. La revisión de ingresos y egresos debe ser pilar de los informes para revisar la veracidad o falsedad de los informes que entregan.

Asimismo, la coordinación entre las autoridades administrativa, jurisdiccional y penal, deben fortalecerse para que se identifiquen los orígenes y destinos del capital utilizado. Además, desde los tres órdenes de gobierno debe fortalecerse a los cuerpos de seguridad a través de una estrategia  interdisciplinaria y transexenal que permita dar resultados en el tema de la inseguridad que tanto tiempo ha afectado al país.

En cuanto a los actores políticos como candidatos y partidos están obligados no sólo a exigir acciones a las autoridades, sino que son los institutos quienes perciben mayores ingresos de otras fuentes no declaradas. Las y los competidores exigen soluciones, pero también deben reconocerse como parte del problema y que sobre todo al momento de fiscalizar son los primeros en oponerse u ocultar gastos.

Tomar medidas de una vez, es mejor que no hacerlo nunca, ya que espejos en la región existen muchos. Recordemos el asesinato en Ecuador del candidato presidencial Fernando Villavicencio; el incremento de la influencia del crimen organizado en países como Chile y Argentina; y en casos más extremos como Nicaragua o Venezuela en las cuales son consideradas autocracias nutridas por dinero de grupos criminales.

Empero, hay un ejemplo en Latinoamérica que es más cercano a México y es Colombia durante los años noventa del siglo pasado. El poder económico y la red de nexos del narcotraficante Pablo Escobar impulsó la designación de senadores, diputados, gobernadores, y se presume que la llegada del presidente César Gaviria estuvo avalada por el capo colombiano.

En esos años, el Estado colombiano fue catalogado como un narcoestado o una narcodemocracia, es decir, en referencia a la primera, el concepto se utiliza para definir cuando un país vive bajo el yugo del crimen al punto que la política y los criminales ya no tienen diferencias entre sí, han creado una relación simbiótica o de dependencia. Mientras que el segundo concepto se utiliza para explicar que la democracia en su definición procedimental: hacer elecciones periódicas, salir a votar y respetar resultados, se ha visto capturada por células o grupos criminales.

En consecuencia, atender esta amenaza debe convertirse en tema prioritario, antes de que el escenario colombiano se replique en México y sea demasiado tarde. Las autoridades tienen la obligación de abordar el tema, los partidos deben abrirse al diálogo y la crítica para consensuar puntos y emitir una propuesta.

Quizá si alguien tuviera en mente un plan para una reforma electoral debería versar sobre este tema y no en la elección de consejerías y magistraturas por voto, reducir autoridades o afectar a la plantilla laboral.

Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más.

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