Todos saben de fiscalización, menos los auditores monitoristas

Por: Sebastián Godínez Rivera

Les he platicado de los auditores monitoristas y la labor que desempeñan, sin embargo, he podido constatar que cuando hacen su trabajo los partidos siempre saben más de esos temas, léase en tono sarcástico. Observando el trabajo de los y las auditoras, muchas veces los actores políticos son quienes intentan bloquear la labor de estos funcionarios.

Los y las auditoras se encargan de tomar fotos de todos los elementos que se utilizan durante los eventos, entiéndase carteles, mantas, banderas, podiums, equipo de sonido, drones etc. La principal razón por la que se toman estos elementos, es porque generan beneficios a las candidaturas que están en dicho evento. A veces es difícil entender eso, los partidos buscan reducir costos y en muchas ocasiones pretenden que varias cosas no sean tomadas.

Puede que en algunos casos se piense que el objetivo de registrar la mayor cantidad de elementos utilizados es por capricho. La realidad es que las leyes que rigen a los auditores son la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización del INE y los acuerdos del instituto y las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como pueden ver, son varios marcos normativos los que rigen las labores de fiscalización. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que todo lo utilizado en estos eventos, independientemente si van en coalición o en candidatura común, la presencia de objetivos genera beneficios. Lamentablemente eso no lo entienden muchos partidos y se aferran a sostener que no son de ellos, no pertenecen al candidato o simplemente no saben cómo llegó eso al evento.

Es sabido que en tiempo electoral los actores buscan las formas para perjudicar a sus rivales, una herramienta utilizada es la fiscalización. Empero, deben entender que la vigilancia no solo aplica para unos y para ellos no, esto debido al marco jurídico al cual están sujetos. Además, el uso de recursos públicos durante el proceso electoral no es un cheque en blanco, sino que deberían actuar con mayor responsabilidad y transparencia.

Quizá lo antes descrito puede catalogarse como el deber ser, no obstante, en la realidad lo que los partidos y candidatos deberían hacer es estar al tanto de las resoluciones que emiten las autoridades administrativa y jurisdiccional. Ahí reside la esencia de la fiscalización durante y después del proceso electoral, que es piedra angular de la competencia política. Supuestamente las diversas candidaturas cuentan con equipos en diversos rubros los cuales les informan donde pueden o no llevarse a cabo varias acciones.

A pesar de eso, he olvidado que los partidos conocen mucho más que el personal del INE o el Tribunal Electoral (léase con sarcasmo) debido a que tienen la osadía de presionar o incluso argumentar que se toman cosas que no deberían. Son los y las representantes quienes en algunos casos debaten los hallazgos y al momento de comparecer se deslindan de un sinnúmero de elementos que generan beneficios a los candidatos, como si de generación espontánea se tratara.

Con todo eso en las últimas semanas se han suscitado desencuentros entre los partidos y el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Hace unas semanas se hizo pública la denuncia en el Consejo General del instituto, que unas personas quisieron sobornar a un auditor para evitar que continuara con la revisión de una casa de campaña. Estos hechos no solo muestran los intentos para minar la labor fiscalizadora, sino que también son un vehículo para ocultar gastos.

Varios personajes políticos se han envalentonado para criticar y en otros casos amedrentar a estos funcionarios. He tenido la oportunidad de escuchar testimonios a quienes les han dicho si quiere fiscaliza hasta el perro, toma los árboles, arbustos y rejas del parque; el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha dicho que podemos pegar pendones en los árboles y estas citas son una mínima parte de lo que seguramente viven los y las auditoras en el país. 

Finalmente, a lo largo de estas líneas he expuesto otra perspectiva de cómo los partidos intentan frenar la labor de fiscalización. Sugiero a las y los lectores leer este último apartado con cuidado, puesto que los especialistas en fiscalización son los partidos políticos y no necesariamente por tener las mejores prácticas. Al contrario, desde unas anteojeras de superioridad pretenden enseñar al personal del INE cómo hacer su trabajo.

Los actores políticos pretenden demostrar que saben más que el propio personal de fiscalización y en algunos casos intentan bloquear la labor fiscalizable. Esto no quiere decir que los auditores sean superiores, pero conocen sus funciones y están en constante capacitación de eventos, monitoreo en vía pública, búsquedas en internet etc. Considero una falta de respeto el intentar descalificar el trabajo de auditorías y que los institutos políticos intenten imponer su verdad.

En conclusión, si quieren conocer más sobre las atribuciones de los y las auditoras y sus funciones se pueden consultar los acuerdo del INE COF/010/2023; los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos que emitió el INE; o las sentencias SUP-JDC-255/2023 Y SUP-JE-1423/2023 de la Sala Superior. Antes de cerrar el texto y si llegaron hasta esta parte es obvio que los partidos son especialistas en este tema, pero hay un cuestionamiento que yo dejaría.

¿Por qué si son expertos en temas de fiscalización el INE y el Tribunal Electoral (sin importar la fase del proceso electoral) siempre sancionan a los partidos?

Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más.

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