“División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales”, tema del cuarto foro de los diálogos nacionales

Redacción Círculo Rojo

Este martes 9 de julio se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cuarto foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, con el tema División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales.

El amparo directo en materia administrativa tiene un uso político

En la sede del Poder Judicial del estado de Chipas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena, dijo respetar que el órgano supremo del Poder Judicial en México interprete las leyes de manera abstracta y pueda invalidarlas; sin embargo, expresó que los jueces de amparo violan la Constitución cuando crean normas de derecho y determinan políticas públicas, eso prácticamente vuelve inservibles las acciones de control constitucional. 

Sostuvo que el amparo directo en materia administrativa tiene un uso político, muchas veces prácticamente están dejando sin competencia a los tribunales administrativos. La invocación del artículo primero les permite a todos los jueces abordar cualquier asunto administrativo sin agotar la definitividad a la que están obligados, de acuerdo con la misma Constitución.

Además, resaltó que los tribunales colegiados no respetan a los estados cuando legislan y modifican sus estatutos internos de gobierno. La práctica del control difuso que estableció por sus alcances el artículo primero constitucional produce incertidumbre jurídica y afecta a la gobernabilidad. Señaló que no aceptan que los criterios jurisprudenciales lleven el concepto de los derechos humanos a favor de las personas morales con fines lucrativos.

Constitución avala actuación coordinada de los tres poderes

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, mencionó que en México el sistema de división de poderes es la estructura limitante del poder mismo, que tiene por finalidad impedir el abuso de éste por parte de uno solo de los tres, y como consecuencia garantizar la libertad individual de las y los gobernados dentro de un Estado de derecho. 

Resaltó que la división de poderes en el ámbito constitucional se convierte en un auténtico equilibrio de pesos y contrapesos de las funciones públicas que tiene como parámetro la eficacia de los principios establecidos en la norma fundamental, para garantizar la rendición de cuentas y la colaboración, así como afianzar la concreción de un Estado democrático de derecho.    

Indicó que la Constitución garantiza que los tres poderes actúen de manera coordinada y dentro del marco legal. Asimismo, existe una serie de medidas por las cuales se configuran distintos mecanismos de control constitucional y legal entre poderes, aunque se debe reconocer que cuando uno de ellos invade la esfera de competencias de los otros y actúa arbitrariamente, el desequilibrio es un riesgo alto.

Poder Judicial renovado y fortalecido

El diputado del partido guinda, Leonel Godoy Rangel, expuso que la propuesta de reforma al Poder Judicial tiene el objetivo de renovarlo y fortalecerlo. Lo que más deseamos es un Poder Judicial autónomo, independiente, fortalecido y sin injerencia del poder económico y del crimen organizado, a eso aspiramos; por ello, es importante revisar y debatir diversas propuestas en estos diálogos nacionales. 

Detalló que algunos temas que deben revisarse son los requisitos de elegibilidad, porque no se quiere que ningún poder fáctico ni el crimen organizado, ni los delincuentes de cuello blanco, influyan en la elección de los jueces, magistrados y ministros; de ahí que es vital debatir puntos como la idoneidad, la carrera judicial y la antigüedad.  

Es importante, añadió, el tema de la gradualidad. No es cierto que el día que la reforma se apruebe al otro día se vayan los jueces, magistrados y ministros; de entrada, se calcula que se van a tener 200 vacantes en los próximos meses, ese es un primer punto de la gradualidad que debería revisarse. Otro tema es el sistema transicional, los artículos transitorios, y cómo se va a aplicar la reforma al Poder Judicial.

División de poderes debe entender el cambio de paradigma

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Chiapas, Guillermo Ramos Pérez, resaltó que los diálogos significan un buen ejercicio para escuchar las distintas opiniones respecto a las iniciativas de reforma al Poder Judicial, con el único propósito que la institución de justicia en el país se fortalezca, pues se pretende modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad, y cuenta con el respaldo y legitimidad democrática.

Indicó que la división de poderes debe ser entendida bajo un cambio de paradigma. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no pueden concebirse como contrapesos para frenar al uno al otro, sino como poderes coadyuvantes del Estado con fin común, el cual es servir a México y coadyuvar con el desarrollo, el bienestar y la paz social. 

Estamos de acuerdo, dijo, con los planteamientos sobre la carrera judicial, considerando que los cambios sean graduales en la elección de jueces y magistrados, y que las personas que sean motivo de elección sean honorables, con conocimiento pleno del derecho y particularmente para la materia a que sean elegidos, así como respeto a los derechos laborales. Propuso que la asignación de presupuesto para las entidades sea equitativa.  

Transformar al Poder Judicial de manera significativa

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Chiapas, diputada Sonia Catalina Álvarez, del Partido del Trabajo (PT), resaltó que el foro brinda la oportunidad de explorar, debatir, evaluar y tomar posiciones sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, presentada por el Ejecutivo para transformarlo de manera significativa. Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección del voto popular de ministros, magistrados y jueces y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, son cambios que requieren un análisis y una deliberación cuidadosa. 

Los diálogos nacionales, argumentó, se han convertido en ejercicios plurales que fomentan la participación abierta, el intercambio de ideas y la transparencia en la deliberación parlamentaria; además, han hecho patente el trabajo coordinado entre los poderes de gobierno de los niveles federal y local con un solo objetivo: analizar una iniciativa de gran calado y bajo la tutela de garantizar una justicia pronta y expedita para las y los mexicanos.

Consideró acertada la decisión de ampliar el diálogo entre todos los sectores de la sociedad para analizar y discutir los proyectos de reforma constitucional, y que se haya extendido este cambio de ideas a nivel regional. Trabajemos por encontrar puntos de acuerdo y consensos que permitan llevar las adecuaciones necesarias para una propuesta de reforma constitucional en beneficio del pueblo.

Reforma al Poder Judicial representa el anhelo del pueblo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de Chiapas, diputada Flor de María Esponda Torres, de Morena, subrayó que el diálogo es uno de los valores fundamentales en la actividad política, por lo que, en el diálogo franco y respetuoso, la política encuentra una ruta exacta para materializar la transformación de los derechos y las instituciones del país.

En esta cuarta edición de los diálogos nacionales, expuso, se seguirán escuchando y atendiendo las posturas sobre la reforma al Poder Judicial que se ha vuelto un asunto de Estado y que repercute de manera positiva y constante dentro de la agenda nacional. La división de poderes, dijo, simboliza uno de los valores profundos de la democracia constitucional.

 Al pueblo no hay que temerle, al pueblo es necesario darle las herramientas para que retome su papel, junto a una nueva gestión de los poderes. Estoy convencida que la reforma al Poder Judicial representa y simboliza el anhelo del pueblo. Desde el Congreso de Chiapas, las y los legisladores se convertirán en constituyentes permanentes aprobando estas reformas fundamentales y velando siempre por los intereses del pueblo, añadió.  

Siempre con miras a generar justicia pronta e imparcial

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, señaló que la impartición de justicia es una de las funciones del Estado que debe garantizar al gobernado la seguridad jurídica, proteger su patrimonio y salvaguardar los derechos humanos consagrados en la Carta Magna. Afirmó que la dinámica social de la nación mexicana obliga a actualizar el marco jurídico, a través de una reforma constitucional para ofrecer un verdadero acceso a la justicia, sobre todo a los grupos más vulnerables.

Consideró que el análisis y la participación de las y los juristas chiapanecos aportarán ideas para robustecer el proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo Federal, siempre con miras a generar justicia pronta e imparcial, así como para fortalecer la función jurisdiccional respetando los derechos de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación.  

Aseguró que de este foro saldremos enriquecidos jurídicamente porque los tiempos actuales nos reclaman inclusión y justicia social. Hoy, añadió, se tiene una oportunidad para fortalecer a nuestra República federal al mejorar el sistema de impartición de justicia, por lo que es necesario darle el uso de la voz al pueblo de Chiapas y a la nación, para que sean escuchados por las y los legisladores.

Las y los legisladores van a tener mucho trabajo

A su vez, el gobernador electo del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que vale la pena retomar esta discusión nacional, porque las y los legisladores van a tener mucho trabajo, y la reforma tiene que ver con la discusión de la Constitución de 1917, la cual es muy clara y ha pasado por diversas reformas.

Para nosotros es el inicio del fin del presidencialismo mexicano, porque se le están acotando facultades al Ejecutivo y esto viene a ser un cambio de profundidad constitucional. Es importante escuchar a las partes y lo que el pueblo confirió en las urnas el pasado 2 de junio. Se debe trabajar para tener una reforma que le sirva al pueblo, subrayó.  

Llamó a plantear el tema de la procuración de justicia, pues ahí es donde le duele al pueblo de México. Mientras haya ministerios públicos que no ejercitan la acción penal y carpetas de investigación que no están bien sustentadas, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Refundemos a las instituciones, pero hagámoslo abriendo la consciencia.

Jurisprudencia de la Corte data de 2008

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, recordó en su participación que la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data del año 2008, fue la primera y expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos.

Respecto a que el proceso legislativo no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación, dijo que desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos y lleva cuatro declaratorias de leyes federales, por lo que no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo.  

En consulta indígena, continuó, se tiene la obligación constitucional: legislador, cuando legisles y emitas una ley en materia indígena consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Laynez Potisek, mencionó que 116 asuntos en la Suprema Corte, en 91 nunca se les consulta. Ese asunto llega a la Corte impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones y yo pregunto, si ustedes estarían en mi lugar, ¿qué harían?, acotó.

(Fotos C. Diputados)