Exhiben en la ‘mañanera’ a jueces y magistrados que otorgan libertad y beneficios a delincuentes

Redacción Círculo Rojo

La titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, resaltó que la corrupción en el Poder Judicial mantiene privadas de la libertad y sin sentencia a cerca de 24 mil personas, de las cuales, mil 326 enfrentan procesos federales pendientes de entre cinco y diez años; 2 mil 488 reportan juicios de diez a 15 años; 767 tienen un proceso de 15 y 20 años y 232 personas privadas de la libertad llevan más de 20 años en un penal federal sin obtener resolución.

Como ejemplo, citó el caso de Israel Vallarta, quien suma privado de la libertad 18 años y nueve meses por el delito de secuestro. Su detención se dio durante el montaje difundido en el noticiario de Carlos Loret de Mola con la participación de Luis Cárdenas Palomino, que se desempeñaba como director de Seguridad Federal de la Policía Federal, informó.

En esta misma situación, dijo, está el caso de Giovanny Fernando Robledo Rodríguez y Paul Uriel Martínez Rodríguez, quienes fueron detenidos el 3 de julio de 2013, acusados de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Luego de 11 años y dos meses, aún no tienen sentencia.

En la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Rodríguez Velázquez dio cuenta de los casos de delincuentes beneficiados por el Poder Judicial, entre los que resalta el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por el de prisión domiciliaria al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado por el delito de tortura cometido en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, por denunciar en su libro Los demonios del Edén una red de corrupción y pederastia que operaba en su estado y en Cancún, Quintana Roo. Adicionalmente la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, decidió que elementos de la Guardia Nacional brinden protección permanente al procesado fuera de su domicilio.

Otro caso de corrupción, es eldel magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, quien otorgó un amparo a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), para dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en su contra desde 2022, pues consideró que se violaba el derecho a la certeza y seguridad jurídica.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se refirió también a los llamados Sabadazos, práctica irregular de la que se valen los juzgadores para facilitar la salida de reclusorios y cárceles de máxima seguridad de delincuentes peligrosos entre viernes y domingo, cuando las autoridades no pueden hacer una revisión exhaustiva en un plazo de horas fijado por jueces y magistrados sobre otras carpetas de investigación o causas del acusado en las fiscalías estatales.

Por ejemplo, el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández, facilitó la salida de Jannet Miriam N, colaboradora de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Se le acusó de peculado y delincuencia organizada; el motivo de su egreso fue el cambio de medida cautelar de prisión preventiva y obtuvo la libertad inmediatamente el viernes 14 de junio de 2024 en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 en Morelos,

Ante representantes de medios de comunicación, la próxima titular de la Secretaría de Gobernación –designada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo–, detalló casos de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión.

La jueza Octava de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega Marroquín, otorgó el 30 de noviembre de 2023 un amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, para dejar sin efecto una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la jueza, esta orden violentaba derechos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, refirió Rodríguez Velázquez.

Del caso Colosio, la secretaria de Seguridad recordó que el 4 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), por su probable participación en el homicidio del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de ese año en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

La acusación fue en calidad de coautor material, es decir, segundo tirador, con base en 123 pruebas recabadas; 50 de ellas son contundentes para demostrar su probable responsabilidad. El 5 de enero, el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó la orden de aprehensión y no valoró las pruebas recabadas por la Fiscalía, detalló.

Asimismo, evidenció que el 1 de agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, confirmó la negativa de la orden de aprehensión.

Se destaca que la resolución estuvo basada en una normatividad no aplicable para juzgar los hechos ocurridos en 1994 y no efectuó un estudio integral de las pruebas que presentó el Ministerio Público. El Tribunal negó la solicitud de captura en contra de Sánchez Ortega porque no estudió ni valoró las pruebas del recurso de apelación interpuestas por la Fiscalía, reveló.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la discusión sobre la reforma al Poder Judicial exhibe ante la opinión pública las anomalías y procedimientos irregulares en los que incurren jueces, magistrados y ministros.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo que antes este es un asunto no se tocaba, era tema vedado, estaba en el limbo todo lo relacionado con el Poder Judicial.

Ya ayer hablé cómo hemos venido limpiando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero nos topamos con el Poder Judicial, que es muy importante porque es el poder encargado de la impartición de justicia y de cuidar que se respete la Constitución, las leyes. Hemos llegado en nuestro país, como parte de la crisis, de la decadencia, a que ese poder se convirtió en protector de las mafias del poder económico y del poder político. Entonces, se limpia el Poder Ejecutivo de corrupción, se limpia el Poder Legislativo, pero falta limpiar el Poder Judicial porque está mal, señaló.

(Fotos lopezobrador.org.mx)