Justicia al servicio de la política, nepotismo y otros vicios del Poder Judicial, hacen necesaria la reforma: Segob
“En 2019, como muchos otros casos, se tuvo conocimiento de la venta de exámenes de oposición, que radica en pruebas selectivas para que las personas aspirantes a ocupar el cargo muestren su competencia. Fueron destituidos quienes estuvieron a cargo de la Escuela Judicial por haber vendido los exámenes en 186 mil pesos. Derivado de estas faltas, con frecuencia son impugnados los concursos ante la inequidad, influyentismo y carencia de criterios objetivos, ya que los ‘nuevos jueces’ son personas cercanas a ministros o magistrados”, refiere la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján
Por: Valentín Alemán Santillán
El injerencismo electoral, el nepotismo, las trampas en el proceso de selección de jueces, una nula impartición de justicia y los altos salarios de la burocracia dorada del Poder Judicial, quedaron exhibidos este día en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján al hacer públicas las irregularidades en que ha incurrido el Poder Judicial, recordó que en diciembre de 2023 la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, sabiendo que en materia electoral la máxima autoridad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), intentó involucrarse en la elección del 2 de junio pasado.
A pesar de que la Corte no tiene facultades de involucrarse en temas electorales, en diciembre pasado –meses antes de la elección presidencial– la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, convocó a una cena privada a dirigentes e integrantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como a magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, resaltó.
Refirió que en julio de 2024, una vez que a candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, había sido virtualmente la presidenta electa, un juez de distrito ordenó al TEPJF designar dos magistrados externos para completar el número de integrantes de la Sala Superior de la institución, ante la cantidad de impugnaciones respecto al proceso electoral.
Se trató de una acción totalmente indebida; tanto, que el propio tribunal rechazó por completo esta decisión, a unos días de calificar la elección presidencial, refirió la titular de la Segob.
En este mismo contexto, dijo, un tercer caso sucedió en agosto de este año, cuando la presidenta de la SCJN, Norma Piña admitió un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza, para que la Corte pudiera interpretar y definir los criterios de asignación de diputaciones plurinominales, es decir, otro asunto que no corresponde sino al TEPJF.
En cuanto a los vicios en los procedimientos de selección de jueces, la responsable de la política interior del país, enfatizó que este proceso está manchado por la venta de exámenes.
En 2019, como muchos otros casos, se tuvo conocimiento de la venta de exámenes de oposición, que radica en pruebas selectivas para que las personas aspirantes a ocupar el cargo muestren su competencia. Fueron destituidos quienes estuvieron a cargo de la Escuela Judicial por haber vendido los exámenes en 186 mil pesos. Además, se han documentado casos de corrupción al más alto nivel en la Escuela Judicial. Derivado de estas faltas, con frecuencia son impugnados los concursos ante la inequidad, influyentismo y carencia de criterios objetivos, ya que los ‘nuevos jueces’ son personas cercanas a ministros o magistrados, acotó.
Respecto al nepotismo dentro del Poder Judicial, Alcalde Luján explicó con datos del propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que 49 por ciento del personal, equivalente a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar dentro del Poder Judicial, lo mismo que 85.4 por ciento de las y los magistrados y 67 por ciento de las y los jueces.
Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan las y los trabajadores, bajo protesta de decir verdad, por lo que se estima que la presencia de familiares políticos, como cuñados, nueras, suegros y yernos no registrados podría ser mayor, apuntó.
En promedio, detalló, las y los magistrados tienen 4.7 familiares trabajando en la institución; 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares y la persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando; entre ellos, un magistrado, secretarios, actuarios y oficiales.
La secretaria de Gobernación, advirtió que el Consejo de la Judicatura es un órgano no eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces: de las 38 mil quejas en contra de personas funcionarias del Poder Judicial presentadas de 2004 a 2023, en 86 por ciento de los casos no se inició investigación; de las que sí se investigaron, únicamente 472 jueces y magistrados fueron sancionados en este periodo.
Refirió que de las 72 denuncias presentadas de enero 2023 a la fecha por el gobierno federal y sus dependencias ante el Consejo de la Judicatura en contra de jueces y magistrados, ninguna ha sido resuelta ni se ha sancionado a alguna persona servidora pública, abundó.
En cuanto a las excesivas remuneraciones de altos funcionarios en el Poder Judicial, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violan el artículo 127, fracción II de la Constitución, que establece: Ningún servidor público podrá recibir remuneración… por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente, que ascienden a 161 mil 538 pesos mismas entre salario y prestaciones, en comparación a las recibidas por las y los ministros de la SCJN que suman 460 mil 783 pesos, que sumados a los beneficios adicionales, suman más de 700 mil pesos mensuales, entre alimentos, camionetas, gasolina, telefonía y otros privilegios.
Aunque la reforma data de 2009, el Poder Judicial se ha resistido a cumplir este mandato bajo los siguientes argumentos: que los ministros designados antes de 2009 ya tienen un derecho adquirido; que los ministros designados después de 2009 tendrán diferencias salariales discriminatorias y que hay ambigüedad en los conceptos que integran la remuneración del presidente, comentó.
El presidente López Obrador, en tanto, aclaró que la reforma al Poder Judicial no pretende despedir a las y los trabajadores.
Entonces, también que no espanten de que: ‘a ver, se va a despedir a los trabajadores’. No, ni siquiera los familiares. (…) Es arriba, siempre los privilegios se dan arriba y hay que limpiar de privilegios y de corrupción al gobierno, como se barren las escaleras, de arriba para abajo; es cortar el copete de privilegios y se avanza muchísimo y eso es lo que está de por medio, afirmó.
Aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación denuncia y enfrenta la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública para beneficiar al pueblo.
La reforma contempla la elección y es también el pensar que la justicia no sólo es despedir gente, no sólo es castigar. La justicia es en mucho prevenir que estas cosas ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas de nuestro país y hay tener confianza en que sí se puede, enfatizó.
(Fotos lopezobrador.org.mx)