Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno desplaza a la Función Pública

Por: Valentín Alemán Santillán

Pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que, si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción, porque nosotros tenemos un mandato popular que es erradicar la corrupción, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al anunciar la transformación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

En la mañanera del pueblo de este jueves 17 de octubre, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la dependencia, afirmó que la transformación de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, parte de separar el poder político del poder económico; que en lugar de estar siempre beneficiado a los grupos más poderosos, ahora se esté viendo por el bien del pueblo.

En Palacio Nacional, la ex Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sostuvo que cuando hay corrupción, no hay una impartición de justicia adecuada, prevalece la impunidad; y al haber impunidad, se vuelve un círculo vicioso que afecta prácticamente todas las actuaciones del gobierno.

También resta eficiencia y confianza en las instituciones. Si una persona está acostumbrada o se presenta ante una institución a hacer un trámite, una gestión y lo dilatan, hay discrecionalidad, hay moche, pues la gente empieza a perder la confianza en el gobierno; y al perder la confianza en el gobierno, también recurre a él menos y se vuelve cada vez más ineficiente. Nosotros tenemos que combatir la corrupción porque, al revés, la obligación del gobierno es servir y trabajar para el pueblo, subrayó.

Al aseverar que cuando hay corrupción se genera desigualdad, Buenrostro Sánchez, refirió que según estadísticas internacionales, en promedio en todo el mundo el cinco por ciento del Producto Interno Bruto son actos de corrupción, partiendo de que cada punto del PIB son 340 mil millones de pesos.

Esto es muchísimo dinero. En México hay estadísticas que dicen que 4.5 por ciento del valor de los contratos eran sobornos. Entonces, si nosotros habláramos de México, con ese estándar internacional, podrían ser alrededor de 15 mil millones de pesos; si metemos también la inversión pública, pues serían unos 50 mil millones de pesos, explicó.

Destacó que la entrega directa de Programas para el Bienestar; la eliminación de la condonación de impuestos y la aplicación de austeridad republicana, producto de la separación del poder político y el poder económico, llevó a que en el periodo 2019-2023, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se redujeran 11.2 por ciento los actos de corrupción, y ocho puntos porcentuales la percepción de este indicador.

Raquel Buenrostro, reiteró que es de vital importancia mantener los esfuerzos para combatir la corrupción, ya que los delitos de esta índole afectan el Estado de derecho, restan eficiencia y confianza en las instituciones; reducen los ingresos gubernamentales; inhiben las inversiones; generan desigualdades y limitan el acceso a los servicios públicos.

La corrupción, no sólo por cuestiones éticas, sino también pragmáticas, tiene que ser erradicada por el bien de todos, apuntó.

Detalló que con la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el enfoque pasa de ser correctivo a preventivo y con visión de alcance transversal, lo que significa que tendrá injerencia en todas las dependencias de gobierno, donde se implementarán acciones para combatir a la corrupción, como:

1. Dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad.
2. Acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar programas prioritarios desde el comienzo para inhibir la corrupción.
3. Modernizar la Administración Pública Federal (APF) con ayuda de la digitalización y sistematización que realizará la Agencia de Transformación Digital.
4. Consolidar compras públicas transparentes a precios justos.
5. Transparencia proactiva.
6. Sumar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción.
7. Enfocar a los Órganos Internos de Control (OIC) en áreas de mayor impacto y relevancia.
8. Fortalecer la cultura de la denuncia.
9. Realizar investigaciones que inhiban la corrupción.
10. Combatir la impunidad al hacer que violar la ley sea más caro que cumplirla.

Al recalcar que la idea es ir de la mano con el ejercicio público para que se vaya ejerciendo de manera transparente y eficiente, Buenrostro Sánchez informó que con estos 10 pilares la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno busca cumplir en sus primeros 100 días una reestructura de la APF, en coordinación con la Consejería Jurídica y con la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacerla una organización más eficiente; comenzar con el acompañamiento a proyectos como el Tren Maya, así como otros programas estratégicos en el sector Salud y de seguridad alimentaria.

Asimismo, se presentarán reformas en la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas; se implementará la primera rueda de negocios entre compradores públicos, pequeñas y medianas empresas para eliminar el intermediarismo; y finalmente la recuperación de la información histórica contenida en el sistema Compranet para que la ciudadanía pueda consultarla.

Destacó que con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno llegará una nueva era de la transparencia en México para lo cual se buscará reformar la Ley General de Transparencia, evitando que esta dependencia sea juez y parte mediante participación de tribunales administrativos.

Con todas estas acciones preventivas lo que buscamos es cerrar la puerta a la corrupción, cerrársela definitivamente y combatir la impunidad, con todo ello y con un gobierno que sea íntegro, más eficiente y cada vez más cercano a la gente, todo esto de la mano. Y para eso ayuda también la transparencia, para que la sociedad y el pueblo sea involucrado y evalúe lo que el gobierno está haciendo, el pueblo manda y el gobierno es para el pueblo, afirmó.

(Fotos Presidencia)