Vance, los jueces y la competencia judicial

La vena autoritaria ahora ha saltado en Estados Unidos, de la mano del vicepresidente J.D. Vance e Elon Musk. Estados Unidos durante décadas se promovió como el garante del liberalismo, sus valores, la división de poderes y el equilibrio institucional. Sin embargo, con la aparición del autoritarismo, el populismo y los líderes iliberales pareciera que las instituciones cada vez incomodan más al gobierno de la Unión Americana

Godinez 24Feb

Por: Sebastián Godínez Rivera

Las disputas entre los presidentes y los jueces no son nuevas, sino que han marcado la historia de las naciones, así como la nueva era que vivimos en el mundo donde la legitimidad popular se entiende como un poder sin límites. En el mundo se ha presenciado la partidización de los jueces como en Bolivia, Venezuela y México; el control mediante órganos de revisión como Hungría y Polonia; intentos de destitución de juristas como en Argentina; o la destrucción total del Poder Judicial como en Nicaragua.

La vena autoritaria ahora ha saltado en Estados Unidos, de la mano del vicepresidente J.D. Vance e Elon Musk. Estados Unidos durante décadas se promovió como el garante del liberalismo, sus valores, la división de poderes y el equilibrio institucional. Sin embargo, con la aparición del autoritarismo, el populismo y los líderes iliberales pareciera que las instituciones cada vez incomodan más al gobierno de la Unión Americana.

Vance cuestionó el papel de  los jueces y dejó claro que ningún togado tiene jurisdicción sobre el poder legítimo del presidente Donald Trump. Esto ha sido leído como una declaración general que cuestiona el actuar de los garantes de la ley; la discusión sobre la legitimidad se pone sobre la mesa, cuando se argumenta que algunas instituciones antidemocráticas toman decisiones o limitan el poder.

La doctrina judicial con orígenes en el Espíritu de las Leyes de Montesquieu o en El Federalista de Madison, Jay y Hamilton hoy es cuestionada por el vicepresidente. La legitimidad popular no es cuestionable, Trump ganó los colegios electorales y con un mayor número de votos. Sin embargo, el ejercicio del poder proviene con ciertos límites al presidente, puesto que un cheque en blanco daría pie a la consolidación de una tiranía, dictadura o autoritarismo.

La función constitucional implica el resguardo de las leyes y la vigilancia de su cumplimiento. Los jueces y la Corte Suprema son en las naciones democráticas garantes del orden y el equilibrio en el sistema político. Así lo sentó la sentencia Sentencia Marbury vs. Madison (1803) cuando Thomas Jefferson derrotó en las urnas al presidente John Adams, luego se nombraron a jueces de paz para el Distrito de Columbia, a pesar de que el Senado los nombró, fue el nuevo Secretario de Estado James Madison quien se negó a entregar las actas y sellarlas.

El presidente del Tribunal John Marshall resolvió que el Tribunal Supremo no estaba facultado para dirimir este caso. Marshall dictaminó que la Sección 13 de la Ley Judicial, que otorgaba a la Corte estas facultades, era inconstitucional porque ampliaba la jurisdicción original del Tribunal de la jurisdicción definida por la misma Constitución. Al otorgar estas facultades se acuñó una de las frases relevantes que ha marcado la función jurisdiccional de la Unión Americana Es enfáticamente competencia y deber del Poder Judicial determinar qué es la ley.

No es menor este hecho, sino que sienta las bases de lo que es facultad del Poder Judicial y al asignarle la función de lo que es la ley, este tiene la capacidad de interpretar. Cito este pasaje histórico porque en un momento donde las leyes y los jueces son cuestionados en todo el mundo, Estados Unidos no es la excepción. Hoy la fuerza política gobernante cuestiona a quienes hace más de 200 años han protegido el cumplimiento de las leyes; esto no quiere decir que la Corte o algunos juristas siempre actúen bajo derecho.

Ahora bien, en el caso específico han sido varios jueces los que han detenido las órdenes ejecutivas de Trump, como la de eliminar la nacionalidad estadounidense a quienes provienen de matrimonios inmigratorios y nacieron en suelo norteamericano. Otro juez frenó las atribuciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk que buscaba acceder a datos confidenciales como números de seguridad social y cuentas bancarias.

La demanda contra Donald Trump y Musk está firmada por diecinueve fiscales generales de los estados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin. La decisión ha generado molestia y cuestionamientos a quien encabeza ese departamento puesto que Musk ha dejado claras sus intenciones de crecer su poder en todo Washington.

Sin embargo, la disputa ha subido de tono en el ciberespacio y algunos republicanos o miembros del gabinete han cuestionado el actuar de los jueces. La disputa se da en torno a la legitimidad de un cargo votado, frente a otros que son designados mediante la revisión de sus experiencias, trayectorias profesionales y algunos aspectos de su ideología política. Es labor de los jueces proteger las leyes y mantener la estabilidad en las naciones.

El vicepresidente ha señalado que los jueces no pueden controlar el poder de un presidente y que hacerlo es como si un juez le dijera a un general que hacer. El cuestionamiento es porque los miembros de MAGA consideran que no deben existir límites al poder presidencial. Incluso en un tweet Musk lo planteó de la siguiente forma: No me gusta el precedente que se establece cuando se desafía una decisión judicial, pero me pregunto qué otras opciones nos dejan estos jueces.

La trama en Estados Unidos continuará con los republicanos cuestionando el actuar de los jueces, sin embargo, quizá es el mejor ejemplo para el mundo de que un Poder Judicial fuerte mantiene la estabilidad. Hasta el momento hemos visto que los togados son los primeros que han bloqueado ciertas decisiones de Trump y han despertado molestias. Si Estados Unidos aún se erige como pilar de los valores liberales y de la democracia, entonces los designios autoritarios no rendirán frutos.

Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más.

Lo expresado en este espacio es sólo responsabilidad del que escribe, no refleja la política de Círculo rojo: el encuentro con la noticia. Cualquier reclamación, legal o civil, deberá de hacerse directamente con el autor. Los colaboradores laboran de forma voluntaria y personal sin alguna relación de trabajo ni comercial  con este medio de comunicación