Gobierno rechaza informe de la ONU: “tendencioso y falto de rigor jurídico, afirmar que en México se cometen crímenes de lesa humanidad, responde

Por: Valentín Alemán Santillán

Por no corresponder con la realidad del México actual en el que se ha emprendido una transformación estructural en materia de desapariciones, el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, resulta tendencioso y falto de rigor jurídico, afirmó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al rechazar los argumentos de la CDF en los cuales se omiten los avances en la materia desde 2019 y en particular a partir de 2025.

Y es que al hacer pública este jueves 2 de abril, su decisión de solicitar al secretario general de la ONU, António Guterres, remita con urgencia la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que examine las medidas de apoyo al Estado mexicano en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito.

El Comité refiere que la información recibida parece contener indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas en México se han cometido y se siguen cometiendo como crímenes de lesa humanidad, sobre la base de su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país, lo cual se circunscribe en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Subraya que dicho procedimiento es de carácter preventivo y tiene como objetivo movilizar la atención y el apoyo internacionales, más que establecer la responsabilidad penal individual.

Conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité aclara que no actúa como comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica. Sin embargo, debe determinar, a primera vista, si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna que indique que los hechos en cuestión se encuentran dentro de su mandato.

Puntualiza que su decisión se basa en información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado mexicano en septiembre de 2025 a su solicitud sobre la situación, y los resultados de investigaciones del Comité desde 2012, incluso a través de revisiones periódicas, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas.

Autoridades desbordadas por la magnitud de la crisis

En su comunicado, el Comité resalta que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones y tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado.

Sin embargo, destacó que, en algunos de los casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.

Apuntó que la magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación. También citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en México, que en número suman más de 4 mil 500 con al menos 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.

En este contexto, el Comité reconoció que la guerra contra las drogas que México libra a nivel nacional, ha contribuido a las condiciones en que se han producido tales ataques a nivel local, por lo que subrayó que no halló pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas, ya sea por acción u omisión deliberada, en el sentido del Estatuto de Roma, que en conjunto con la Convención no exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país ni que se originen en los más altos niveles del gobierno para que se consideren crímenes de lesa humanidad.

Al rechazar los señalamientos del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, el Gobierno de México, a través de las secretarias de Gobernación y Relaciones Exteriores, percibió unaactitud parcial y sesgada en el informe del CDF, al omitir los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, toda vez que el informe del organismo en cuestión se refiere principalmente a hechos ocurridos en solo cuatro estados (Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit), de los 32 que integran la República Mexicana durante el periodo 2009-2017; es decir, en los sexenios presidenciales de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, sin tomar en cuenta la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.

Precisa que el propio Comité de la ONU reconoce en los párrafos 117 y 118 de su informe que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores, advierte.

Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité, así como la ligereza de sus premisas —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma—, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano, señala.

El Gobierno de México, subraya que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares para atender este flagelo.

Resalta que fruto de este proceso de diálogo y participación de las familias, en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley. Refiere que estas herramientas y obligaciones, no consideradas por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en la elaboración de su informe son:

1. La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
2. La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
3. La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
4. La Plataforma Única de Identidad.
5. La obligación de fiscalías especializadas estatales.
6. El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
7. El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
8. La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
9. La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
10. La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

En su comunicado, el gobierno federal destaca el reconocimiento al Estado mexicano del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en cuanto a la política de cooperación cotidiana que mantiene con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias.

Aclara que México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual. Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional, concluye.

(Fotos X/Twitter)