Inhabilitan por 10 años al ex titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes
El también ex comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años, de 2014 a 2016”, al no declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18 millones 300 mil pesos depositados, destaca la Secretaria de la Función Pública
Por: Martín Velasco
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció este martes la inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Alfredo Castillo Cervantes, ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.
La dependencia federal, indicó que en la investigación iniciada, se detectó que Castillo Cervantes faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años, de 2014 a 2016, al no declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18 millones 300 mil pesos depositados, durante su paso por la Conade, a la que llegó tras su fracaso para resolver, como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, el problema de las autodefensas en la entidad.
Tal hallazgo se dio, tras realizar la verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos, herramienta que es fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, indicó la Función Pública.
La dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, apuntó que por tal motivo, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que la omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que Castillo Cervantes no podrá ocupar cargo alguno en el servicio público durante 10 años.
La Secretaría de la Función Pública precisó que este procedimiento sancionador forma parte de poco más de 26 mil expedientes de responsabilidad administrativa iniciados en los primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.
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