Tres modelos para el financiamiento de partidos

Por: Sebastián Godínez Rivera

En México y el mundo la crítica al costo de las elecciones es un tema latente en la opinión pública. Han surgido varias propuestas para abaratar costos y se ha abordado desde la reducción de las autoridades electorales, hasta la desaparición de partidos, fideicomisos o transitar hacia el voto electrónico. Cabe destacar que algunas propuestas se han hecho de acuerdo a experiencias exteriores y otras han surgido desde la ocurrencia.

Si desde la Ciencia Política se hace un análisis técnico, las democracias más avanzadas tienen esquemas de financiamiento privado, pero este se acompaña de marcos legales fuertes y que sancionan los abusos. Casos como el alemán están reguladas ciertas cantidades, pero sus leyes prohíben las aportaciones de los grandes sindicatos o empresas del acero, ya que son las que mayores posibilidades de incidir tienen.

En el caso de la Unión Americana, el financiamiento privado es el que define por excelencia al sistema electoral. La aparición de los Political Action Committee (PAC) o Super PAC, no son más que fuentes de financiamiento privado para las y los aspirantes, los primeros se constituyen a nivel local o estatal y tienen un límite de aportaciones de $1,000 dólares. Por otro lado, los Super PAC desde 2013 se fundaron como fuentes de ingresos que no tienen límites en los que cualquier persona, empresa o sindicato puede destinar dinero, ya que muchos argumentan la inequidad de la contienda.

Desde la óptica de la representación esto compromete el actuar y el votar de los legisladores en el Congreso o de los presidentes ya que a través del apoyo económico, se imponen agendas políticas. Considero que no es el mejor sistema ya que el apoyo económico proviene del sector privado y por ende, la democracia pierde su condición de igualdad, puesto que quienes tienen más dinero influyen más que los votantes promedio. En ese sentido la jornada electoral se convierte de unos cuantos.

Además, en algunos estados como California, Florida o Missouri han aparecido los bonos democráticos, donde el gobierno asigna cheques con cierta cantidad de dinero que la población puede destinar a los candidatos de su elección, en EE.UU.  son $200 USD. Con estos bonos la gente decide como destinar el dinero y para quién de los candidatos. Antes de iniciar las elecciones, en el caso estadounidense los políticos pueden retirar el dinero y de esta forma comenzar a solventar su campaña.

Los resultados que arrojan son interesantes, ya que primero, se construye un piso parejo para todos los ciudadanos; segundo, la ciudadanía se siente tomada en cuenta y como los donativos vienen de los contribuyentes, entonces los políticos se ven en la necesidad de representar los intereses de quienes los apoyaron y no de las grandes corporaciones. Es una propuesta que necesita más análisis antes de enaltecerla o desecharla, lo cierto es que esto reduce los costos en el sistema electoral. 

Otros países como Francia e Italia manejan la “ tax democracy”, el cual se entiende como el modelo en el cual los ciudadanos pueden aportar cerca del 2% a sus candidatos de preferencia, mientras que los millonarios pueden apoyar con cantidades reguladas, pero estas son deducibles de impuestos. Estos modelos parecen que hacen el piso más desigual para los electores. Entonces lo que hace Cagé en su libro es hacer una nueva propuesta que funciona en algunos estados de la Unión Americana y que ha dado resultados fructíferos y disminuído el costo electoral.

En el caso de la región latinoamericana, esta propuesta puede combatir el clientelismo y los votos corporativos que han sido heredados del autoritarismo y que han sido reconstruidos con la actualidad. Considero que incluso una propuesta de índole podría combatir el abstencionismo, lo cual abriría la puerta a más ciudadanos y de esta forma mover a ese grupo de la población que se autoexcluye del juego electoral.

Incidir en lo individual para repercutir en lo general (poblacional) y crear una nueva cultura política de la participación si es que se busca crear un nuevo Estado democrático. A excepción de países como Bolivia y Venezuela que han prohibido el financiamiento público para los institutos políticos; otros solo otorgan dinero como Chile y Nicaragua a los partidos durante las jornadas electorales; mientras que en los modelos de Honduras y Brasil, el financiamiento se da a través de dinero interno o de las ventas que hacen los partidos de playeras, libros etc.

El debate sobre el financiamiento no es nuevo y seguramente seguirá presente, sin embargo, el análisis debe provenir de experiencias y datos duros, no de filias o fobias contra las autoridades electorales o en aras de perjudicar a los competidores.

Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más.

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