Estados Unidos cierra la puerta a corruptos de Guatemala, Honduras y El Salvador

El Departamento de Estado de la Unión Americana da a conocer los nombres de 55 funcionarios, legisladores, ministros y magistrados activos o en retiro, así como de ex presidentes, considerados sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en estos tres países centroamericanos. La lista ha sido entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel

Los nombres de 55 funcionarios, legisladores, ministros y magistrados activos o en retiro, así como de ex presidentes, aparecen en la lista a los que Estados Unidos les ha prohibido la entra a ese país, por considerarlos sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Muchos de los casos ya se conocían en estos tres países centroamericanos, pero la inclusión de sus nombres en la lista que este jueves dio a conocer el Departamento de Estado de la Unión Americana, avivó las esperanzas de quienes luchan contra la corrupción.

La lista fue entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel.

La difusión de la lista tiene lugar en momentos en que el gobierno del presidente Joe Biden ha dado nueva atención a la corrupción en la región, ya que considera que es uno de los factores que contribuyen a la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos.

Ricardo Zúñiga, enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica, dijo que la lista no era definitiva y que la cancelación de visas de Estados Unidos a las personas mencionadas no elimina la posibilidad de otras sanciones. La referida ley obliga al Departamento de Estado a proveer una lista al Congreso al menos una vez al año.

La lista es elaborada con información confidencial y no confidencial, y prestó más atención a casos que implicaban a personas actualmente en el gobierno o en posiciones cercanas al poder que a delitos añejos, afirmó Zúñiga.

La corrupción y las transgresiones a la democracia son vistas como algunas de las causas más importantes de la migración irregular procedente de Centroamérica. Son un lastre para los gobiernos, distorsionan los mercados, socavan los esfuerzos para el desarrollo y, en última instancia, desmoralizan a una población que decide embarcarse en una migración irregular muy peligrosa hacia México y Estados Unidos, porque no creen que puedan construir su futuro en su país, comentó.

El hecho de que el Congreso requiera el reporte, refleja una preocupación creciente por el nivel de corrupción sistémica en los países del Triángulo Norte, la considerable reincidencia que hemos visto en toda la región en los últimos años y la necesidad de garantizar que nuestra ayuda no termine en los bolsillos de funcionarios corruptos o sus aliados, dijo Adriana Beltrán, directora de seguridad ciudadana en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental enfocada en asuntos de derechos humanos.

La lista en total concentra 21 personas de Honduras, 20 de Guatemala y 14 de El Salvador. Entre los ex presidentes figura el guatemalteco Álvaro Colom (2008-2012), acusado de participación en fraude y malversación de fondos en el caso de un nuevo sistema de autobuses en Ciudad de Guatemala.

También aparece el nombre del actual juez de la Corte Suprema de Guatemala, Manuel Duarte Barrera, quien presuntamente abusó de su autoridad para influenciar y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal supremo. Otro magistrado del máximo tribunal guatemalteco, Nester Vásquez, también se entrometió presuntamente en la selección de jueces.

De Honduras, el ex presidente Porfirio Pepe Lobo (2010-2014), es acusado de recibir sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros, así como la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, señalada de malversación de fondos.

Ambos niegan las acusaciones y afirman que el año pasado la Corte Suprema invalidó la condena a la esposa de Bonilla Sosa, por cargos relacionados con este ilícito y está esperando un nuevo juicio. Además de la ex primera dama de Honduras, una quincena de integrantes del unicameral Congreso Nacional hondureño están incluidos en la lista Engel.

Quizás tan significativa como la inclusión de Lobo Sosa o de más de una docena de legisladores, es la ausencia en la lista del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los fiscales estadounidenses en Nueva York han señalado que Hernández financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes, pero el mandatario no ha sido acusado formalmente.

El mandatario ha negado haber cometido delito alguno. Su hermano, el ex legislador federal Juan Antonio Hernández, fue condenado en marzo en Nueva York a cadena perpetua.

De El Salvador, en la lista fueron incluidos ex funcionarios del gobierno, un juez y la jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, quien se ha mantenido lejos de los reflectores desde que su nombre apareció, en mayo pasado, en una lista más corta del Departamento de Estado por hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal y por participar en una red de lavado de dinero.

La lista también incluye a dos ex presidentes de la Asamblea Legislativa, entre ellos Walter Araujo, quien abandonó el partido conservador Arena para convertirse en un líder del partido Nuevas Ideas, al que pertenece Bukele.

De acuerdo con la lista, Araujo fue incluido por exhortos a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a candidatos políticos.

(Fuente Agencias/Fotos Twitter)