Amnistía Internacional pide a AMLO revelar quién y cómo desarrollaron el espionaje telefónico

Redacción Círculo Rojo

Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones humanitarias cuestionaron este jueves la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del espionaje telefónico vinculado al malware Pegasus, y exigieron a las autoridades la aprobación de la regulación que combata ese tipo de actividades y controle la compra e importación de esa tecnología.

A cuatro años de las primeras denuncias realizadas en México sobre espionaje telefónico, que han sido corroboradas en la investigación realizada por un consorcio global de medios que revelaron el uso del malware de NSO Group, con sede en Israel, para espiar miles a periodistas, activistas y políticos, AI y las ONG Artículo 19, Consorcio Oaxaca, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expresaron inquietud por las actuaciones que ha realizado hasta la fecha la FGR y denunciaron, durante una conferencia de prensa virtual, pocos avances en el caso.

El activista Vladimir Cortés, de la organización Artículo 19 —que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información—, manifestó preocupación por la actitud de la Fiscalía General de la República, a la que señaló de modelar una especie de simulación para fingir que se está cumpliendo con sus labores de investigación transparencia y revisión de cuentas cuando en realidad su actuación ha mostrado ser insuficiente e incapaz.

Esto (del espionaje) no se puede quedar en la impunidad, afirmó la activista Yesica Sánchez, del Consorcio Oaxaca, al exhortar a la Fiscalía a realizar una investigación sigilosa, profesional.

Ayer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (EEPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que en archivos digitales de la Secretaría de Seguridad Protección y Ciudadana (SSPC) y de sus órganos desconcentrados, se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al grupo NSO, suscritos durante los gobiernos de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por más de 61 millones de dólares, que en pesos serían alrededor de mil 970 millones.

La Fiscalía General de la República, una vez que se hizo público el espionaje a  50 mil teléfonos celulares, de los cuales 15 mil de usuarios mexicanos, dijo que estaba avanzando una averiguación sobre los contratos que suscribió la empresa mexicana KBH TRACK, que utilizó NSO Group, con el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra ahora Israel y tiene pendiente un proceso judicial en México.

Ante esto, y sin la certeza plena de haya cesado el espionaje telefónico en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, exigió a las autoridades la divulgación de los contratos de Pegasus así como de otros de ese tipo.

La evidencia muestra que existió una vigilancia masiva e ilegal que atenta y vulnera los derechos humanos de libertad de expresión, no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal y al debido proceso y garantías judiciales. Ante ello, estamos haciendo un llamado al Presidente de la República a que publique el o los contratos con NSO Group, subsidiarias o filiales. No sólo queremos saber cuánto costó el contrato, sino qué dependencias contrataron, quiénes y cómo decidieron desarrollar las actividades de espionaje digital. También es importante que el Congreso de la Unión aproveche la oportunidad para legislar en la materia, las personas en México tenemos derecho a no temer ser vigiladas ilegalmente, señaló Olivares Ferreto.

Al respecto el activista Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, sostuvo que mientras no se depuren los cuerpos de seguridad, persistirá la estructura de vigilancia a defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas, por lo que demandó del Gobierno de México acciones más contundentes para terminar con la estructura de espionaje: Hemos sido vigilados, hemos sido, sobretodo, espiados al trabajo que hacemos, agregó el activista.

Amnistía Internacional precisó que en la investigación se identificó  a México entre los países sospechosos de ser clientes de NSO Group: Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, EAU, Hungría, India, Indonesia, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo. 

México es el único país de América Latina que figura entre la lista de estados que sabemos que fue cliente de NSO Group, pues como sabemos el gobierno mexicano ha reconocido que adquirió el malware. Cuando vemos los otros países que se sospecha que contrataron Pegasus, lo primero que llama la atención es que no se destacan precisamente por ser países respetuosos de los derechos humanos, acotó la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

(Fotos Twitter)