Diputados aprueban Miscelánea Fiscal 2022; el dictamen pasa al Senado

En cuanto a la inscripción de los jóvenes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), una vez que cumplan los 18 años de edad, se establece que será obligatoria a partir del 1 de enero del 2022, pero se aclaró que aquellos jóvenes que no cuenten con un empleo o ingresos deberán inscribirse al padrón como “sin actividad económica” para así no generar la obligación de presentar declaraciones, pagar contribuciones y, por lo tanto, no ser acreedores a sanciones que van desde los 3 mil 870 a 11 mil 600 pesos

Redacción Círculo Rojo

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Luego de tres días de debate, la noche de este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados la Miscelánea Fiscal para 2022, contenida en el Paquete Económico que envió el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre.

El documento, aprobado por 274 votos a favor y 220 en contra, y turnado al Senado de la República para su análisis y aprobación, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Entre los acuerdos que contempla el dictamen con proyecto de decreto, destaca que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los Combustibles no tendrá ningún aumento, de manera que los precios de los energéticos no se incrementarán por encima de la inflación.

En cuanto a la inscripción de los jóvenes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), una vez que cumplan los 18 años de edad, se establece que será obligatoria a partir del 1 de enero del 2022, pero se aclaró que aquellos jóvenes que no cuenten con un empleo o ingresos deberán inscribirse al padrón como “sin actividad económica” para así no generar la obligación de presentar declaraciones, pagar contribuciones y, por lo tanto, no ser acreedores a sanciones que van desde los 3 mil 870 a 11 mil 600 pesos.

Seamos claros, a pesar de que es un avance, lamentamos que sea insuficiente. Están inscribiendo ante el RFC a quien no es contribuyente, y que no se inscribe por una razón económica, sino porque les están imponiendo una obligación, criticó el panista Elías Lixa.

Para el próximo año, el gobierno prevé que ingresos por 7.08 billones de pesos, 8.6% mayor a lo aprobado para este año. De este monto, se propone que 55.6% se obtenga a través del pago de impuestos de los contribuyentes.

Asimismo, se establece un techo de endeudamiento interno de hasta 850 mil millones de pesos, así como de 3 mil 800 millones de dólares de endeudamiento externo.

El dictamen de la Comisión de Hacienda agregó una modificación a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para etiquetar los recursos que se obtengan por la legalización de los llamados autos chocolate.

El artículo transitorio que se agregó precisa que lo que se obtenga por la regularización, serán considerados como ingresos excedentes, y la Secretaría de Hacienda los destinará a la pavimentación en los municipios que correspondan en la región fronteriza norte.

De las más de 500 reservas presentadas por parte de las diferentes bancadas, sólo fueron aprobadas siete presentadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), PT y Morena, entre ellas la del  diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (Morena), para aumentar de 300 mil a 900 mil pesos, el tope propuesto para no pagar el Impuesto Sobre la Renta, que se establece para las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

Otra de las modificaciones aceptadas fue la propuesta del diputado Benjamín Robles Montoya (PT), para que no sea considerada como infracción la omisión de la denuncia por parte del contador público tratándose de la clasificación arancelaria de mercancías, contenidas en el primer párrafo del artículo 91-A y la fracción III del artículo 96 del Código Fiscal de la Federación.

Los diputados optaron por mantener el tope en las deducciones a las donaciones que pueden hacer personas físicas a organizaciones de la sociedad civil lo que afectaría a más de 5 mil Organizaciones No Gubernamentales que dejarían de percibir 8 mil millones de pesos.

(Fotos Diputados)