CNDH recomienda reabrir investigación del caso Colosio por presunta tortura a Mario Aburto

Redacción Círculo Rojo

Mediante una recomendación dirigida a la Fiscal General de la República (FGR), y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denunció actos de tortura en contra de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El organismo autónomo a cargo de Rosario Piedra Ibarra refiere violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso, en agravio Aburto Martínez quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12 en el municipio de Ocampo, Guanajuato, donde incluso, se le prohibió establecer comunicación con la CNDH.   

Mario Aburto fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, al finalizar un evento de proselitismo político en el que Colosio Murrieta fue herido por disparos de arma de fuego, falleciendo horas más tarde.

En esa ocasión, la víctima fue trasladada en calidad de acusada a la Agencia del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de esa ciudad y, el 25 de marzo de 1994, ingresó a las instalaciones del Cefereso 1 del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Posteriormente, fue internado en Centros Federales de Readaptación Social de diferentes entidades y desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el Cefereso 12, ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato.

Hace siete meses, la CNDH recibió una nueva queja por parte de Mario Aburto, donde señala que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente, puntualizando que, desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos, agregando que reclama la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad.

Mario Aburto y sus familiares han manifestado reiteradamente a la CNDH que durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California.

En su recomendación, la CNDH señala que la persecución y sanción de los delitos debe realizarse siempre en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, enfatizando la importancia de que las conductas ilícitas de personal al servicio público también sean motivo de investigación y sanción para evitar la impunidad.

Al reconocer su responsabilidad, la CNDH puntualizó que prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en abril de 1994, este Organismo Nacional tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió.

Por ello, tras investigar el caso, la CNDH determinó que elementos de la entonces Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República, así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del Cefereso 1, incurrieron en actos de tortura en su contra y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos.

Derechos Humanos, acredito también que personal médico y custodios de dicho centro de reclusión incurrieron en actos de tortura y que el OADPRS incomunicó al quejoso y lo ha mantenido en reclusorios lejanos al lugar en donde habita su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno.

Ante las nuevas consideraciones y hallazgos que advierten violaciones graves a derechos humanos, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado.

La CNDH establece que esta nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas, y que el Estado responda por sus actos, no solo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición, para que hechos de este tipo no vuelvan a suceder al margen de la protección y garantía de los derechos humanos de cualquier persona, con el fin de romper el círculo de impunidad e injusticia que por décadas ha lastimado a nuestro país.

La CNDH recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados.

La Recomendación de la CNDH será remitida a la Cámara de Diputados, a efecto de que sea agregada a la investigación que realiza la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los hechos y, en su momento esa soberanía determine lo que a Derecho corresponda, remitiendo a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.

(Fotos Twitter)