La Constitución no garantiza que la Prisión Preventiva Oficiosa no sea arbitraria: ONU
La Prisión Preventiva Oficiosa es contraria a la protección de los Derechos Humanos. El artículo 19 de la Constitución mexicana obliga a los jueces a imponer este tipo de detención a todas las personas acusadas de determinados delitos; circunstancia que conduce a “múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”, señala la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU
“Anularla no sólo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario”, afirman especialistas en derechos humanos de la ONU
Redacción Círculo Rojo
Por ser la Prisión Preventiva Oficiosa contraria a las garantías internacionales de protección a los derechos humanos, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria* de la ONU, Miriam Estrada-Castillo, urgió a México anular esta medida cautelar, pues estar establecida como ordenamiento jurídico en la Constitución, no garantiza que no sea arbitraria.
La experta señaló que, según el artículo 19 constitucional, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer este tipo de detención a todas las personas acusadas de determinados delitos, una circunstancia que, en su opinión, condujo a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Sostuvo que la Prisión Preventiva Oficiosa o Automática, como también se le conoce, es contraria a la independencia judicial, al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención, y compromete gravemente el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Al destacar que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares, Estrada-Castillo advirtió que una de las más serias consecuencias de la Prisión Preventiva Obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario, afirmó.
Reiteró que a pesar de estar consciente de los desafíos a los que se enfrenta el Gobierno de México en materia de seguridad pública, la Prisión Preventiva Oficiosa coloca a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Anular la Prisión Preventiva oficiosa no sólo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario, destacó en un comunicado.
Estrada-Castillo, comentó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, lleva insistiendo a México en la necesidad de resolver urgentemente este problema estructural desde el año 2018 y le ofreció reiteradamente la asistencia técnica necesaria.
*El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco miembros expertos independientes de varias regiones del mundo: Miriam Estrada-Castillo (Ecuador; presidenta-Relatora), Mumba Malila (Zambia; vicepresidente); Elina Steinerte (Letonia); Priya Gopalan (Malasia); y Matthew Gilllett (Nueva Zelanda).
(Fuente Noticias ONU/Fotos Twitter)
