Expertos del GIEI reconocen avances y nuevos obstáculos en el caso Ayotzinapa

Redacción Círculo Rojo

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que desde 2015 investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunció este jueves obstáculos e intromisiones indebidas en la indagatoria por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y expresó sus dudas sobre algunos indicios incluidos en el informe de la Comisión Presidencial para el Acceso a la Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), presentado el pasado 18 de agosto, por su titular Alejandro Encinas Rodríguez.

Puntualizaron que estos problemas, aparentemente motivados por la urgencia de mostrar resultados, coincidieron con nuevas evidencias que involucran a altas instancias del Estado y que apuntan a una relación cercana de militares con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que participó en el ataque del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ofrecieron una conferencia de prensa dos días después de que se diera a conocer la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), cuyo trabajo independiente ha sido bloqueado por Gertz Manero al no querer seguir órdenes que no tienen ninguna justificación, apuntó la colombiana Ángela Buitrago, integrante del GIEI.

Entre esas intromisiones indebidas, el grupo de expertos mencionó el retiro de órdenes de captura que él había emitido contra 21 personas, entre ellas 16 militares, sin razones vinculadas a la investigación o la urgencia por detener y judicializar casos de forma apresurada que podrían poner en peligro procesos en marcha, como el de el ex procurador general Jesús Murillo Karam, preso y acusado de inventar la llamada Verdad Histórica, basada en torturas y manipulación de pruebas.

Los expertos del GIEI, también criticaron que la Fiscalía General de la República (FGR) asignara al caso a personas que no conocían la investigación o que podrían estar vinculadas a la obstrucción a la justicia que se hizo durante la administración anterior.

Estas prácticas no son propias de un Estado de Derecho, indicó la guatemalteca Claudia Paz, otra de las integrantes del equipo de investigación; e inducen a pensar que hubo un intento de sincronía de tiempos judiciales con tiempos políticos… que vino desde el Fiscal General de la República, explicó el chileno Francisco Cox, quien lamentó que parezca importar más una oportunidad fotográfica de una detención, de una vinculación a proceso, que una sentencia.

El grupo, que publicó hoy un nuevo informe sobre el caso, reafirmó el involucramiento del Ejército Mexicano en los hechos, mostró nuevas evidencias de la estrecha relación de militares con miembros del Cártel de Guerreros Unidos, y denunció que todavía hay información de inteligencia militar clave cuyo acceso tienen vetado aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que les permitieran ver todos los archivos.

Parte de estas evidencias, según explicó Claudia Paz, llegaron cuando Estados Unidos entregó a la FGR comunicaciones interceptadas como parte de un juicio sobre tráfico de heroína y cocaína de Iguala a Chicago.

En ellas, hay 12 conversaciones en las que se habla de jales (trabajos) que se hacen de manera conjunta o de comidas brindadas por los criminales a militares. Algunos de los militares mencionados en esos mensajes están detenidos — hay cuatro procesados— pero otros no, afirmaron.

En el reporte de la Comisión Presidencial para el Acceso a la Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), presentado el 18 de agosto en Palacio Nacional, el también subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Segob, Alejandro Encinas, calificó la desaparición de los 43 normalistas de Crimen de Estado, y mostró nuevos datos sobre la participación del Ejército, gracias a capturas de pantalla de conversaciones interceptadas que apuntaban a que militares presuntamente dieron la orden de matar a algunos estudiantes y manipularon y ocultaron sus restos.

El grupo de la CIDH, confirmó algunos datos de ese informe, como que algunos estudiantes estuvieron vivos varios días después del ataque, pero mostró sus dudas sobre los mensajes de celular que estaban escritos de forma muy diferente a los interceptados por los estadounidenses y ya encargaron a un perito independiente que analice toda esa información que se les proporcionó casi un mes después de la publicación del informe.

Al respecto, Encinas Rodríguez, presente en el informe del GIEI, dijo que es normal que se hagan ese tipo de peritajes antes de judicializar evidencias y que los comentarios del grupo de expertos se pueden atender, pues en la investigación de este caso no hay tiempos políticos, pero que las críticas llegan porque se están acercando a la verdad.

En este contexto, el presidente López Obrador dijo en la mañanera de este jueves, que sólo un puñado de militares, tuvieron responsabilidad, pero no la institución castrense como tal, y apoyó la retirada de las 21 órdenes de detención, pues con ellas, quienes atacan al gobierno debieron pensar que se iba a generar una rebelión en el Ejército.

Los expertos, cuyo trabajo concluye el viernes, pidieron prorrogar un mes su encargo para seguir con la investigación, y una vez recibidos los resultados de los peritajes, rendir un nuevo informe, solicitud que el Gobierno de México ha apoyado, afirmaron.  

En sus conclusiones, los expertos del GIEI, subrayaron la importancia de que se reviertan las condiciones que han bloqueado el trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), porque se debe garantizar la autonomía e independencia de los fiscales.

Cuando se toca la justicia se hace un gran daño al país, resaltó la colombiana Ángela Buitrago.

A ocho años de su desaparición, se desconoce el destino de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues de acuerdo al informe de la COVAJ no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida; tras los hechos de violencia se dio la orden de desaparecerlos.

Hasta ahora, mediante restos óseos analizados laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Universidad de Innsbruck, en Austria, solo se ha identificado a Jhosivani Guerrero, así como a Alexander Mora Venancio y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Tampoco está claro el móvil del ataque aunque se dice que en un quinto autobús que transportaba los normalistas, estaba vinculado al tráfico de droga.

(Fotos Twitter)