CIDH presenta tercer informe del mecanismo especial de seguimiento al caso Ayotzinapa

Redacción Círculo Rojo

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se sumó este martes a las críticas que se han hecho en las últimas semanas a las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de le Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Gurrero, y planteó que el proceso debe desarrollarse de manera independiente y sin injerencia de los poderes públicos.

Así lo expresó la comisionada presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, durante la presentación del Tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA).

A la pregunta sobre los cuestionamientos que hizo el mes pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en torno a los mensajes de WhatsApp que se utilizaron como pruebas en el informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), y presentado el 18 de agosto, Mantilla afirmó que es sumamente cruel construir narrativas que no estén corroboradas y técnicamente comprobadas.

En conferencia de prensa realizada la Normal de Ayotzinapa, la comisionada y relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, indicó que el cuestionamiento del valor probatorio de algunas pruebas definitivamente impacta la labor de la comisión gubernamental.

Troitiño, se dijo preocupada por la renuncia en septiembre del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y los señalamientos de supuesta injerencia de otras instancias en las labores de la unidad especial de la Fiscalía General de la República (FGR) del caso Ayotzinapa.

La salida de Gómez Trejo, quien estuvo frente a las investigaciones desde el 2019, se dio poco después de que se conociera que la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de captura que se emitieron en agosto contra supuestos implicados.

Medios locales señalaron que el proceso que siguió el Ministerio Público para la detención en agosto del ex procurador Jesús Murillo Karam, que se realizó sin consultar a Gómez Trejo, fue otro de los hechos que llevaron al fiscal a renunciar.

Arosemena de Troitiño, afirmó que los cambios en la unidad especial del Ministerio Público pueden afectar el ritmo de las investigaciones y los procesos de judicialización de los supuestos implicados, e hizo un llamado a preservar la independencia de la unidad especial.

En el Tercer Informe, la CIDH exhortó al Estado mexicano a continuar profundizando en establecer la responsabilidad penal de los presuntos implicados con énfasis en la cadena de mando político, de órganos militares y de seguridad ciudadana.

Asimismo, el organismo se quejó de las dificultades de acceso a algunos informes oficiales y afirmó que resulta alarmante la aparición y entrega tardía de una serie de documentos bajo custodia de las fuerzas militares y los órganos de inteligencia mexicanos.

En los últimos días, el titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, ha salido en defensa de su propio informe y ha negado que se hayan falsificado evidencias, tal como afirmaron los cuatro militares detenidos por el caso quienes presentaron una denuncia penal en la Fiscalía que podría alcanzar al alto funcionario.

El también subsecretario de Gobernación, aseguró la semana pasada que el trabajo de la Comisión de la Verdad no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso, y que las acciones que ejerció la Fiscalía General de la República y el juez del caso contra los militares detenidos están basadas en evidencias sólidas, que no tienen relación con el informe que elaboró la comisión gubernamental.

Encinas Rodríguez, presentó el 18 de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014, así como en el ocultamiento posterior de los hechos en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Por el caso fueron detenidos el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

A Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.

Rodríguez Pérez fue mencionado por Alejandro Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes.

(Fotos Conferencia CIDH)