Nadie intimida al Gobierno de México; reforma al Poder Judicial va, y el decreto presidencial no se bajará del DOF: Sheinbaum
“Consejo de la Judicatura, la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, su propia jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso”, afirma la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy Ramos
Por: Valentín Alemán Santillán
Ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma al Poder Judicial va, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al subrayar que nadie intimida al Gobierno de México amenazando con dar vista al Ministerio Público, y que la publicación de la reforma al Poder Judicial no se retirará del Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que la elección de jueces, magistrados y ministros se realizará el primer domingo de junio del próximo año.
En la mañanera del pueblo, la mandataria federal afirmó que el amparo promovido por la jueza Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, no tiene ningún sustento jurídico, además de que esta orden rebasa sus atribuciones, por lo que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpondrá una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra la togada por ir contra lo establecido en la Constitución.
Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero, de todas maneras, no queremos que quede la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que, por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de cambio constitucional, que está establecido por la propia Constitución, y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024, refirió.
Al respecto, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy Ramos, resaltó que este amparo va en contra de una serie de argumentos jurídicos como el artículo 135, que establece que la Constitución puede ser reformada por el Congreso de la Unión con la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes, así como de la mayoría de los Congresos locales. Además, puntualizó que en la normatividad mexicana se prevé la improcedencia de los amparos a las reformas constitucionales.
Ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia en múltiples criterios, sentencias –hay jurisprudencia–, han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Ahí está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional. La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, puntualizó.
La ex fiscal de la Ciudad de México, comentó que los jueces que tramitan amparos en contra de la reforma al Poder Judicial tienen conflicto de interés, por lo cual esto tendrá que ser revisado por las autoridades competentes.
Tienen que revisar, este Consejo de la Judicatura, la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, su propia jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso, afirmó.
En su oportunidad, el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recordó que hay una disposición en la Ley de Amparo que establece que estos recursos jurídicos no proceden contra reformas constitucionales, circunstancia que los funcionarios del Poder Judicial han ignorado al presentarlos en contra de la Reforma Judicial, y recalcó que las leyes también son aplicables para ellos.
En estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver, y están trastocando y desafiando el orden constitucional, concluyó.
(Fotos Presidencia)