Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa y a 9 funcionarios de alto rango de su gobierno por presuntos nexos con “Los Chapitos”

Por: Valentín Alemán Santillán   

Por su presunta asociación con el Cártel de Sinaloa, este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el gobernador actual de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el senador en funciones del partido Morena, Enrique Inzunza Cázarez, y otros ocho funcionarios de alto rango, actuales y anteriores, del gobierno sinaloense, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

El caso, asignado a la jueza federal de distrito, Katherine Polk Failla, abarca acusaciones formales contra Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge  Contreras Núñez, alias Cholo, así como Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, alias Tornado, Juan de Dios Gamez Mendivil y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, por los delitos de tráfico de drogas y armas.

Además, Valenzuela Millán está acusado de delitos relacionados con el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y de un familiar de este informante de la Agencia Antidrogas estadounidense.

Al anunciar la demanda formal contra el mandatario estatal de Sinaloa, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Terrance Cole, resaltaron que el Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas.

Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia,declaró el fiscal federal Jay Clayton.

En tanto, Terrance Cole, de la DEA, sostuvo que el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro.

Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados ​​presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas, apuntó.

Según las alegaciones contenidas en la acusación formal, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales, el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido a esa entidad mexicana en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial.

Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha colaborado con elementos criminales de todo el mundo —productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares— para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y causar graves daños a las comunidades de todo el país. El Cártel también ha perpetrado actos de violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en México y otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, se dice en los documentos.

Resaltan que para proteger y expandirse, este imperio del narcotráfico, presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel, expuesto a las víctimas a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. De hecho, ciertos agentes de policía en México, incluidos, según las acusaciones, algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias del Cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del Cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación.

Según la acusación, cada uno de los acusados participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos, desempeñando diversas funciones esenciales para el trasiego de droga, protegiendo, presuntamente, a los líderes de la organización criminal, así como compartir información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades delictivas.

Asimismo, ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados ​​recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Según las acusaciones, Rocha Moya y aliados ​​han estado estrechamente vinculados a la facción conocida como Los Chapitos del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Los acusados, refieren, ​​han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de Los Chapitos.

Por ejemplo, Rocha Moya fue elegido Gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como Gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa. De igual manera, los demás acusados ​​han ayudado directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico, señalan.

En tanto, Damaso Castro Zaavedra, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11 mil dólares estadounidenses mensuales de Los Chapitos y, a cambio, ha protegido a miembros de la organización de ser arrestados y les ha informado sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos.

Los documentos, refieren que algunos de los acusados ​​también habrían participado directamente en la campaña de violencia y represalias del Cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, presuntamente recibía más de mil 600 dólares estadounidenses mensuales de Los Chapitos. A cambio, les otorgaba acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizaba a agentes de la fuerza policial para ayudarlos a mantener el control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos, refieren.

Precisan que alrededor de octubre de 2023, Valenzuela Millán presuntamente ayudó a Los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de ésta, a quienes posteriormente torturaron y asesinaron, ya que se sospechaba que el informante proporcionaba información al Gobierno en relación con esta investigación.

Al señalar que por su participación en la distribución de grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y delitos conexos, los acusado podrían recibir penas mínimas y máximas establecidas por ley estadounidense, y que ​​serán determinadas por la jueza, Katherine Polk Failla, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton elogió la destacada labor de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, de la Unidad de Investigaciones Bilaterales y las oficinas de la DEA en México y Phoenix, así como la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia y del Gobierno de México.

Clayton, también agradeció a las Fiscalías de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Illinois y el Distrito Sur de California, y a la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos del Departamento de Justicia estadounidense.

(Fotos X/Twitter)