Plantean cárcel de hasta 8 años a quienes requieran el pago de una deuda, con amenazas y violencia

Las aplicaciones de préstamos no reguladas cometen un crimen al difundir la deuda de los usuarios con sus contactos, debido a que se trata del llamado ‘doxing’ o ‘doxxing’, abreviatura inglesa de ‘dropping dox’, que es una práctica mediante la cual los ciberdelincuentes realizan una investigación para recopilar información sobre una persona y publicarla en la red con el fin de incitar al acoso, por lo que el diputado priista Javier Casique Zárate busca adicionar el artículo 282 bis al Código Penal Federal para frenar este abuso

La propuesta del diputado Javier Casique contempla duplicar la sanción si se divulga o comparte, en cualquier espacio digital, información de la persona deudora

Redacción Círculo Rojo

Cárcel de dos a ocho años y multas de entre 40 y 160 días de salario a quienes requieran el pago de una deuda empleando amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento, por medio de las nuevas Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TICs), redes sociales o cualquier espacio digital, propuso el diputado del PRI Javier Casique Zárate.

Su propuesta de adicionar el artículo 282 bis al Código Penal Federal, plantea que la sanción se duplicará si se divulga, comparte, distribuye o publica por medio de las nuevas TICS, redes sociales o cualquier espacio digital, la imagen y/o la información de la persona a la que se requiere del pago de una deuda.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia para su dictamen, tiene la finalidad de incluir dicho artículo en el Capítulo I Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal que forma parte del Título Decimoctavo; Delitos Contra la Paz y Seguridad de las Personas, para tipificar estas conductas. 

Casique Zárate, mencionó que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, recopiló cerca de tres mil denuncias de usuarios que fueron víctimas de Apps de préstamos.

Además, expuso los casos de intereses elevados, cambios en los términos del contrato, amenazas, extorsiones y robo de datos. 

Los reportes señalan que 64 por ciento de las víctimas son mujeres, 56.5 por ciento de las personas tienen entre 26 y 40 años; 55 por ciento de los casos provienen de la Ciudad de México y el resto de otras entidades de la República como el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco y Tabasco. 

También, la investigación expone que las aplicaciones de préstamos no reguladas cometen un crimen al difundir la deuda de los usuarios con sus contactos, debido a que se trata del llamado doxing o doxxing, abreviatura inglesa de dropping dox, que es una práctica mediante la cual los ciberdelincuentes realizan una investigación para recopilar información sobre una persona y publicarla en la red con el fin de incitar al acoso. 

Casique Zárate indicó que es algo relativamente nuevo, por lo que se tiene que legislar ya que tiene que ver con la necesidad económica de las personas que, al no poder pagar en tiempo sus préstamos con exorbitantes intereses, viven con la preocupación y el estrés constante de ser exhibidos ante sus conocidos y, en el peor de los casos, ser víctimas de robo de identidad, e incluso han manifestado que quienes se dedican a mandar mensajes lo hacen utilizando lenguaje obsceno, llegando a la violencia psicológica

De igual modo, autoridades como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Policía Cibernética o las fiscalías generales de los estados, ya han advertido a la ciudadanía sobre el peligro de pedir prestado en aplicaciones no reguladas; sin embargo, es la necesidad económica la que lleva a muchas personas a recurrir a esto

El legislador priista puntualizó que estos ciberdelincuentes deben ser castigados, ya que están contraviniendo lo que la Constitución Política establece en el primer párrafo del Artículo 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, detalló.

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