Frente al afán privatizador que aún persiste, la reforma energética defiende la soberanía y garantiza acceso a la electricidad: AMLO

Redacción Círculo Rojo   

Ante el afán privatizador que aún persiste en la oposición, el Gobierno de la Cuarta Transformación cumple el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la electricidad, así como también el costo de las gasolinas y el diesel, afirmó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, al destacar que el objetivo de la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, es garantizar tanto la soberanía energética como la soberanía nacional, y la justicia social mediante el acceso universal a la electricidad a los precios más bajos posibles.

Precisó que la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, busca recuperar el sentido original de la Constitución, pues la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano, por depender de ello el desarrollo de la vida y la economía del país; es un servicio público y una responsabilidad ineludible del Estado. Mientras que dejar el aprovisionamiento de la energía eléctrica a intereses económicos, implica el abandono de la responsabilidad esencial de los poderes públicos, representantes de la nación y responsables ante ella, enfatizó.

Como sigue el afán privatizador, siguen queriendo que el gobierno sea un comité al servicio de una minoría, no al servicio de todo el pueblo de México, pues hay que reformar la Constitución para fortalecer las empresas públicas, tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex. Y no permitir que regrese la política neoliberal o neoporfirista, acompañada de la corrupción que imperaba en beneficio de un pequeño grupo, de una minoría, señaló el presidente de la República.

Al desglosar la propuesta presidencial, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Días, refirió que la reforma energética de 2013 estableció ventajas a favor de las empresas privadas, en detrimento de la empresa pública, en un sistema que establece la prelación del interés privado sobre el interés público y nacional que representa la CFE, por ello, el presidente López Obrador propuso reformar el texto constitucional para atender la problemática.

Artículo 28, cuarto párrafo

Se modifica para preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación mediante la empresa pública del Estado y proveer al pueblo de electricidad al menor precio posible, evitando el lucro. El añadido aclara que el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano, adicionando a sus funciones la atención a toda la población.

El principio de planeación y control bajo la responsabilidad estatal, así como los objetivos específicos, deberá reflejarse en la legislación secundaria.

Se plantea, además, que es estratégico el servicio público de internet que presta la empresa del Estado mexicano al evitar que las personas, por razones económicas, carezcan de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información.

Actualmente la ley estipula que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional no constituyen monopolios, sino actividades que el Estado debe ejercer de manera exclusiva como área estratégica. Sin embargo, al no tener objetivos claros, el sistema eléctrico se desarrolla en ausencia de la atribución del control del Estado. En ese vacío las leyes secundarias son las que regulan el sistema.

El actual sistema eléctrico nacional fue construido a partir de permisos ajenos a cualquier planeación concedidos sin tomar en consecuencia las necesidades de las diversas regiones del país, por lo que se concentraron en las zonas de mayor capacidad económica y abandonaron a las de menos recursos.

Artículo 27

En lo que respecta a las empresas particulares, la propuesta determina que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado por ser garantía de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

Actualmente, el sistema derivado del periodo neoliberal da preferencia al interés privado. Las leyes determinan la forma en la que los particulares pueden participar en las demás actividades de la industria eléctrica. A falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social.

Artículo 25, quinto párrafo

Se elimina el concepto de empresa productiva del Estado, el cual fue incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y, por tanto, reduciendo la finalidad a la mera obtención de utilidades sin función social.

El planteamiento descarta la obligación de empresas públicas de guiarse por el concepto de las mejores prácticas porque, de acuerdo con la definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo constituido por accionistas e inversionistas.

Reforma garantiza uso racional y eficiente de recursos energéticos

El director general de CFE, indicó que la soberanía energética implica garantizar el acceso a recursos energéticos y tener la capacidad de decidir cómo se utilizan en beneficio de la población.

La experiencia demuestra que la dependencia excesiva a fuentes energéticas externas o privadas expone a las naciones a vulnerabilidades geopolíticas y fluctuaciones en los precios internacionales.

La falsa competencia establecida en la reforma energética del 2013 daba ventajas a las empresas privadas en contra de la CFE, obligada a adquirir electricidad a las empresas privadas y garantizándoles rentabilidad, explicó.

Las reglas de despacho económico otorgan todas las ventajas a las empresas privadas. Existen esquemas como el auto abasto ilegal en el que se concentran los grandes consumidores que quedan fuera del mercado, monopolios con despacho automático, que impiden a la Comisión Federal de Electricidad el acceso a grandes consumidores.

(Fotos lopezobrador.org.mx)